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Laboral

Abril 2017

Señores Afiliados: 

​ 

Presentamos a continuación algunas novedades en materia Laboral que consideramos de su interés:

 

EL CONSEJO DE ESTADO DECLARÓ LA NULIDAD DEL DECRETO 2552 DE 2015, QUE FIJÓ EL SALARIO MÍNIMO LEGAL PARA EL AÑO 20161

 

En la demanda interpuesta, el actor alegó que el Gobierno, cuando fijó el salario mínimo para 2016, violó el principio de progresividad, pues si bien el índice de inflación correspondiente al año 2015 ascendió al 6,67% (conforme a las estadísticas del DANE contenidas en el boletín del 5 de enero de 2016), la inflación para los estratos de  ingresos bajos - 1, 2 y 3 llegó a un 7.26% y en algunas ciudades capitales alcanzó los 9 puntos porcentuales, motivo por el cual el incremento decretado del salario mínimo en un 7% en mención, implicaba una pérdida del poder adquisitivo de dichos estratos.

 

La Sala desestimó este cargo, porque la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 optó por una fórmula distinta, en la que deben tenerse en cuenta diversos parámetros para garantizar ese mismo objetivo, y porque los elementos probatorios incorporados al proceso no demuestran que el incremento del salario mínimo en un 7% haya ocasionado una pérdida del poder adquisitivo de este, con la consecuente violación de los principios de progresividad y del derecho de contar con un salario mínimo vital y móvil.

 

El argumento principal del Consejo de Estado para decretar la anulación fue, en cambio, que el Decreto 2552 de 2015, que estableció el porcentaje de incremento del salario mínimo del año 2016, no estaba debidamente motivado, ya que su fundamentación fue claramente precaria e insuficiente, pues no analizó el nivel de incidencia y el peso que cada uno de los factores tuvo sobre el porcentaje final de incremento del salario mínimo del 7%, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional C-815 de 1999, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

 

A pesar de decretar la nulidad, el Consejo de Estado es claro en expresar que la misma no tendrá ningún efecto respecto del salario que, con fundamento en el Decreto anulado, devengaron los trabajadores durante el año 2016, tampoco afectará ningún valor que haya tenido como parámetro el salario mínimo. 

                                                 

1 Sala de lo Contencioso-Administrativo - Sección Segunda  Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.  

23 de marzo de 2017 Radicado: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034-2016)

 

De otro lado, el Consejo de Estado exhortó al Gobierno Nacional para que, cuando quede investido de la facultad de proferir de manera unilateral el decreto que fije el incremento del salario mínimo luego de fracasar la etapa de concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo haga en estricto cumplimiento de la carga motiva que le impone el artículo 8º de la Ley 278 de 1996, de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999.

 

Finalmente, El Consejo de Estado se refiere al parámetro de la inflación real del año que culmina de que trata el artículo 8° mencionado, pues considera que a futuro debe adoptarse la inflación real del año que va desde el 1° de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año que culmina, según el correspondiente índice de precios al consumidor (IPC). 

 

Cabe señalar que la decisión requirió de un conjuez, ya que hubo un empate en el proyecto de fallo que fue puesto a la consideración de la Sala el 7 de diciembre de 2016.

 

PROYECTOS DE NORMAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

En los últimos días, el Ministerio del Trabajo ha publicado en su página una serie de normas para envió de comentarios que consideramos pueden ser de su interés. A continuación una síntesis de ellas: 

 

NEGOCIACIÓN POR RAMA

 

El proyecto de norma propone reglamentar la negociación colectiva por rama, para que los efectos de las convenciones sean vinculantes a todas las unidades productivas o formas de organización social, indistintamente de su forma jurídica, incluyendo a las Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades por Acciones Simplificadas, Contratos Sindicales y todas aquellas figuras que se asimilen. Igualmente, aplicará a todos los trabajadores independientemente de su tipo de vinculación.

 

Según la propuesta, para la identificación de las partes negociadoras, así como de los beneficiarios de la negociación colectiva, la agregación de los sectores económicos se hará a partir de la que la actualice, modifique o adicione el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

 

La negociación colectiva por rama de actividad se desarrollará en una sola mesa y concluirá con la suscripción de una única Convención Colectiva, que regirá para todas las empresas y trabajadores del sector de que se trate.

 

Los sindicatos de rama de actividad económica presentarán pliego de peticiones a los empleadores de la respectiva rama o sector de actividad económica.

 

Las organizaciones sindicales por rama de actividad económica deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de peticiones, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. En caso de conflictos inter-sindicales en la integración del pliego, dichos conflictos deberán ser resueltos por la Confederación respectiva.

 

En los casos en los que exista una organización de empleadores o más, el pliego deberá ser entregado a por lo menos una de las organizaciones de empleadores de la rama, para el caso en el que el pliego de peticiones haya sido presentado a una organización de empleadores, existiendo otras, éste deberá convocar a la totalidad de organizaciones de empleadores. En el caso que no exista una organización de empleadores, el pliego de peticiones será entregado provisionalmente al Ministerio del Trabajo,

 

Las normas convencionales que surjan de la negociación serán aplicables a todos los trabajadores de la respectiva rama de actividad económica. Con todo, se podrán suscribir capítulos especiales aplicables exclusivamente en una o varias empresas del sector.

 

Las comisiones negociadoras en los conflictos colectivos por rama de actividad económica, se conformarán así:

 

  1. Por el sector empleador: la organización u organizaciones que representen al sector de los empleadores de la respectiva rama de la actividad económica designarán una comisión negociadora de máximo cinco (5) miembros; 
  2. Por los trabajadores: la organización u organizaciones sindicales que presentan el pliego designarán una comisión negociadora de máximo cinco (5) miembros.

     

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA INDEPENDIENTES EN EL SECTOR PÚBLICO

 

La negociación colectiva se regirá por los procedimientos establecidos por el Decreto 160 de 2014, relativo a la negociación colectiva en el Sector Público.

 

Define los trabajadores independientes como aquellos cuya actividad no es dirigida por un empleador al cual puedan estar ligados por un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria.

 

Los sindicatos del sector público entonces podrán afiliar contratistas independientes

 

Los temas objeto de negociación podrán ser: 

 

  1. Admisión a las ocupaciones
  2. Condiciones de la ocupación
  3. Períodos de descanso
  4. Seguridad y Salud en el Trabajo
  5. Capacitación y formación profesional
  6. Escenarios de diálogo social
  7. Servicios sociales
  8. Tablas de honorarios de acuerdo con  perfiles ocupacionales y experiencia.
  9. Modalidad del pago de honorarios

     

SISTEMA DE PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO (SIVICO) 

 

Se crea un sistema para la inspección laboral rural y urbana, asignando nuevas funciones al Ministerio del Trabajo y a los inspectores del trabajo. 

 

Dentro del sistema se crea el Registro de Información Laboral, en el que los empleadores cuyos activos superen los 100.000 salarios mínimos y tengan más de 51 trabajadores, deberán reportar periódicamente al Ministerio del Trabajo información sobre el número de trabajadores sindicalizados, los beneficios convencionales de la empresa y la contratación de contratistas y proveedores, entre otros. 

 

Igualmente, crea la Defensoría de los derechos de los trabajadores, como un grupo de trabajo dentro del Ministerio del Trabajo, al cual pueden acudir los trabajadores o sus sindicatos, para que el Ministerio interponga a su nombre, tutelas u otras acciones judiciales, tendientes a protegerles. 

 

PLAN DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y COOPERATIVA RURAL (PLANFES)

 

Adopta un Plan General de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, con el objeto de estimular la las formas asociativas de trabajo. 

 

Para tal efecto, establece facilidades para la constitución de cooperativas, como permitir la constitución de las asociaciones sin acreditar el cumplimiento del requisito de educación cooperativa y solidaria en zonas especiales y la exención de pago por todo concepto del Registro Único Empresarial y Social (RUES) por los primeros 3 años de funcionamiento.

 

Del mismo modo, se establecen facilidades para su operación, como el reporte simplificado de información financiera y contable de estas organizaciones en las regiones del posconflicto. También establece una preferencia en compras públicas dirigidas a productos y servicios ofrecidos por estas organizaciones e incentivos para la progresividad tributaria. 

 

PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA RURAL Y URBANA

 

De acuerdo con el proyecto de norma, el piso de protección social estará integrado por el sistema general en salud, los servicios sociales complementarios, incluidos los seguros inclusivos y el sistema de subsidio familiar y se dirige a los trabajadores dependientes o independientes que devengan menos de un (1) SMLMV y a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de extrema pobreza o indigencia. 

 

Se indica que serán afiliados al piso de protección social en el régimen de salud las personas que se encuentren en el régimen subsidiado de salud y aquellos que estén afiliados al régimen contributivo de salud en calidad de beneficiarios.

 

Para los trabajadores con ingresos inferiores a (1) SMLMV se implementará un seguro inclusivo con la finalidad de cubrir los riesgos de enfermedad, invalidez y muerte del trabajador. 

 

En cuanto al régimen de subsidio familiar, se crea el afiliado rural como aquel que devenga menos de (1) SMLMV, su aporte a las Cajas de Compensación Familiar será del 0.6% y deberá residir en zona rural. Dicho aporte le otorgará el derecho a los servicios de las Cajas de Compensación Familiar excepto la cuota monetaria.

 

Respecto a la cotización al sistema de seguridad social por días o por periodos inferiores a un mes el proyecto de norma indica lo siguiente: i) aplica para los trabajadores que devenguen un ingreso mensual inferior a (1) SMLMV, ii) deberán encontrarse afiliados al régimen subsidiado en salud o al régimen contributivo en calidad de beneficiarios, iii) el aporte a BEPS será sufragado por el empleador en un monto equivalente al 10% del valor mensual efectivamente pagado, iv) el valor del aporte del empleador al seguro inclusivo para la protección de riesgos de la actividad laboral, será fijado por el Gobierno Nacional. 

 

Finalmente, el proyecto de norma indica que la indemnización sustitutiva tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y la devolución de saldos tratándose del Régimen de Ahorro Individual, se dará mediante el pago de una anualidad vitalicia conformada por: i) la sumatoria del valor de la indemnización o de los recursos ahorrados según el régimen, ii) los rendimientos generados iii) un incentivo periódico equivalente al que se otorga para los BEPS.

 

COTIZACIÓN A PENSIONES DURANTE LOS PERIODOS DE LICENCIA NO REMUNERADA

 

El proyecto de norma indica que durante los períodos de licencia no remunerada, tanto en el sector público como en el privado, el empleador deberá seguir pagando los aportes correspondientes al Sistema General de Pensiones en la proporción que por ley le corresponde, con base en el último salario devengado por el trabajador.

 

Según el proyecto de norma el trabajador podrá autorizar por escrito al empleador para que pague los aportes en su nombre y efectúe posteriormente el descuento respectivo.

 

El empleador debe asumir la obligación de informar a los trabajadores sobre las consecuencias que puede acarrear el no pago de su aporte al Sistema General de Pensiones.

 

Esperamos que esta información sea de utilidad,

 

 

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos 


Esperamos que la anterior información les sea de utilidad.   

 

Reciban un cordial saludo,

 

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos ​

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