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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tributaria 

FEBRERO 2017 

Presentamos, a continuación, algunos puntos en materia tributaria que consideramos de su interés:

 

DIAN expidió conceptos en materia de retención en la fuente y de impuesto de renta, destacamos de cada concepto los principales puntos, así:

 

  • Concepto 4773 del 24 de febrero de 2017 sobre retención en la fuente para personas naturales:

     
    • En relación con la retención en la fuente de los meses de enero y febrero, se aclara que la categoría de empleados contenida en el artículo 329 del E.T. aplica en dichos meses.

       
    • La retención mínima del artículo 384 del E.T. desaparece con la vigencia de la Ley 1819 del 2016.

       
    • La limitación del 40% para las deducciones y rentas exentas aplica a partir del 1 de marzo de 2017, pues el concepto considera que dicha restricción no hace parte del sistema de retención aplicable por los meses de enero y febrero.

       
    • Para efecto del cálculo de la retención en la fuente aplica el 40%, pero no el límite de los 5.040 UVT.

       
    • La retención contingente sobre los aportes voluntarios a fondos de pensiones y AFC, debe tener en cuenta el límite del 40%, pues lo que exceda de esta suma debe ser retenido y, por tanto, no debe tener retención contingente. No basta, pues, que se aplique el 30% y las 3.800 UVT de los artículos 126-1 y 126-4, sino que debe revisarse también el límite del 40% del artículo 336 del E.T.

       
  • Concepto 4884 del 24 de febrero de 2017, sobre rentas cedulares para personas naturales:

     
    • Considera que los pagos efectuados por los patronos a terceras personas por concepto de alimentación del trabajador o de su familia son ingresos no constitutivos de renta imputables a la cédula de trabajo, calificación que no compartimos, puesto que el artículo 387-1 dice que son ingresos para terceros y no son ingreso del trabajador. Lo anterior no es indiferente toda vez que el tope para aplicar el 40% consagrado en el artículo 336 del E.T. aplica sobre los ingresos por salarios menos los ingresos no constitutivos de renta, es decir, disminuye el valor sobre el cual se puede aplicar el 40% como límite para las rentas exentas y las deducciones.

       
    • Para determinar si los honorarios se consideran renta de trabajo o renta no laboral debe mirarse la persona que presta el servicio contrata o vincula a dos o más trabajadores por 90 días. Estos 90 días se cuentan en el mismo período gravable. El incumplimiento de uno de los requisitos hará que las rentas se consideren como laborales.

       

      La DIAN confirma su posición en el sentido de que los activos que deben tenerse en cuenta para saber si las fusiones o escisiones de entidades extranjeras constituyen enajenación son todos aquellos poseídos en el país, y no solo los que son objeto de la fusión o escisión: así lo hace en el concepto de la No. 002242 del 1 de febrero de 2017; concepto cuyos apartes pertinentes dicen:

      "Estima el consultante que el contenido del artículo 319-8 ibídem 'debe analizarse a la luz de lo que persigue: por un lado, permitir que 'los contribuyentes que legítimamente buscan adaptar la estructura formal de sus negocios para optimizar procesos sin desprenderse de su patrimonio'; por otro lado, evitar la fuga de activos y capitales sin que se paguen impuestos en Colombia'.


      "Expresa que la exigencia 'en cuanto al porcentaje de activos que se están transfiriendo (...) no es clara' pero 'debe entenderse de manera que evite la fuga de activos y capitales sin que se paguen impuestos en Colombia y al mismo tiempo permita que los contribuyentes que de manera legítima busquen reorganizar su patrimonio, lo puedan hacer'.


      "Por tanto, 'únicamente los activos localizados en Colombia que se transfieren como consecuencia de una fusión o escisión de entidades en el exterior, deben tenerse en cuenta para efectos de determinar si dicha fusión o escisión debe tratarse como reorganizativa o adquisitiva, o como una enajenación'.


      "…

       
      "Sobre el particular, considera este Despacho que, contrario a lo planteado por los peticionarios, la redacción del parágrafo del artículo 319-8 del Estatuto Tributario es clara al señalar que se exceptúan del tratamiento previsto en la norma en comento 'las transferencias de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión, en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia no represente más del veinte por ciento (20%) del valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las entidades intervinientes en los procesos de fusión o de escisión, según los estados financieros consolidados de la entidad que tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes en los procesos de fusión o de escisión'. (Negrillas de la DIAN).

       
      "Redacción, entonces, de la que se concluye que, para efectos de determinar si la transferencia de activos ubicados en el país - en las condiciones previamente planteadas - constituye o no una enajenación para efectos tributarios, se debe tener en cuenta el valor que representa el conjunto de activos ubicados en Colombia respecto de la totalidad de los activos poseídos por el grupo empresarial; conjunto integrado tanto por aquellos activos que participan en la operación de fusión o escisión como aquellos que no, en la medida que el legislador no efectuó distinción alguna en tomo a los mismos.

       
      (…)
       

      "Así las cosas y para terminar, resulta apropiado examinar el ejemplo propuesto en la solicitud radicada con No. 018310 del 10 de junio de 2016:
      ​​​
  • "El valor total de los activos del grupo empresarial es de $2.200, de los cuales $1.200 están poseídos en Colombia y representan el 54,54%.
  • "Se fusionarán las sociedades filiales 1 y 2 las cuales poseen activos por valor de $100 cada una, que a su vez están representados en acciones en sociedades colombinas (sociedades subsidiarias 1 y 2).

    "Los activos de las sociedades de estas últimas tienen un valor igual al valor de las acciones poseídas por las sociedades del exterior.

     

    "Por tanto, se llega a las siguientes conclusiones respecto del antepuesto ejemplo:

     

    "1. Se debe tener en cuenta el valor total de los activos poseídos por el grupo empresarial en Colombia, y no solo el de aquellos que serán objeto de una fusión o escisión entre las entidades extranjeras, de conformidad con el parágrafo del artículo 319-8 ibídem.

     

    "Luego, ya que la proporción del valor de los activos poseídos por el grupo empresarial en el país supera el 20% del valor total, es de colegir que la fusión entre las sociedades filiales 1 y 2 constituye una enajenación para efectos tributarios y estará gravada con el impuesto sobre la renta y complementario.

     

    "2. De lo anterior, conviene aclarar que de los activos poseídos en Colombia por el grupo empresarial, solo aquellos que participarán en la fusión o escisión estarán cobijados con las disposiciones tributarias aplicables en materia de enajenación de activos.

     

    "En mérito de lo expuesto, este Despacho se permite confirmar la doctrina planteada en los Oficios No. 006146 de febrero de 2015 y No. 007101 del 31 de marzo de 2016".

     

    Aunque el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 derogó expresamente el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, tal derogatoria no impide aplicar la sanción por inexactitud del 100%, esto es, la más favorable, ya que dicha Ley 1819 de 2016 ratificó la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria: así lo señaló la Sección Cuarta de la

    Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 2 de febrero 2017 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 20517); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

     

    "Frente a la aplicación del principio de favorabilidad reconocido en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y a los argumentos en el sentido de que la actora no causó perjuicio a la Administración y que, por la misma razón, la sanción no es proporcional, la Sala precisa que no hay lugar a levantar la sanción en aplicación del principio de favorabilidad, pues el actor incurrió en la infracción sancionable con inexactitud, consistente en omitir ingresos e incluir costos inexistentes, conductas de las cuales se derivó un menor impuesto a cargo, lo que pone en evidencia que sí se generó un daño al fisco. Lo anterior, porque el contribuyente está obligado a contribuir en los términos en que la ley 'ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación', como lo prevé el artículo 683 del E.T, en concordancia con el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política.

     

    "No obstante, en este caso es aplicable el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y previó, en el parágrafo 5, que 'El principio de favorabilidad aplicará (sic) para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior'. La citada norma es aplicable en concordancia con los artículos 287 de la Ley 1819, que modificó el artículo 647 del

    E.T, pero mantuvo como inexactitud sancionable la omisión de ingresos y la inclusión de costos inexistentes siempre que de estas conductas se derive un menor impuesto a cargo, y 288 de la misma ley, que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y redujo al 100% la sanción general por inexactitud.

     

    "No procede la reducción de la sanción a que se refiere el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, porque uno de los supuestos para dicha reducción, cuando la sanción es impuesta por la autoridad tributaria, es que esta sea aceptada y la infracción sea subsanada por el contribuyente, situación que no se presenta en esta oportunidad.

     

    "Es de anotar que aunque el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 derogó expresamente el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012, tal derogatoria no impide aplicar la sanción por inexactitud del 100%, esto es, la más favorable, pues, como se advirtió, la Ley 1819 de 2016 ratificó la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, aun cuando la ley favorable sea posterior.

     

    "Las razones que anteceden son suficientes para modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de mantener solo el fallo inhibitorio respecto al requerimiento especial, pues, como se advirtió, no existe inepta demanda frente a la pretensión subsidiaria del actor de que a los ingresos adicionados se imputen las compras omitidas".

     

    "Además, se revoca el numeral segundo, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se anula parcialmente la liquidación oficial de revisión para calcular nuevamente los ingresos presuntos, excluyendo de las compras omitidas la suma de $27.875.519, y recalcular la sanción por inexactitud sobre la nueva base y al 100%, de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Sala y el determinado por el actor".

     

    El Consejo de Estado reitera que la factura es un documento privado en cuya expedición no intervienen funcionarios públicos, razón por la que no puede gravarse con el gravamen de estampillas: así lo hizo la

    Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 5 de octubre de 2016 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 19693); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

     

    "Ahora bien, esta Sala ha sostenido que la especificación del hecho generador por parte de las asambleas departamentales debe sujetarse a los parámetros legales, así como a las características de las estampillas. Vale destacar que una de las características principales de este tributo es que se trata de un gravamen documental cuyo hecho económico gravado puede ser la circulación o transferencia de la riqueza, como también la obtención de un servicio a cargo del Estado.

     

    "También ha considerado que para determinar el hecho generador del tributo se

    deben precisar los elementos que lo conforman, que permiten identificar el objeto del mismo: las cosas, los bienes, las acciones, las actividades o los derechos a los que se les impone el gravamen y se ha insistido en que el elemento objetivo hace referencia a los hechos en sí mismos considerados que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria; el elemento subjetivo precisa las personas que participan en la realización del hecho imponible y que, por tanto, deben soportar alguna de las obligaciones derivadas de esto; y el elemento espacial establece las conexiones de los hechos gravados con un determinado lugar o territorio. Al respecto, la Sala sostuvo:

     

    'Teniendo en cuenta las características del tributo de estampillas, lo dispuesto expresamente en la Ley 645 de 2001, así como lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-227 de 2002, puede concluirse que el hecho generador de la "Estampilla Pro Hospitales Universitarios" tiene como elemento objetivo la existencia de un 'acto' documental que instrumente "actividades y operaciones" que impliquen la circulación de riqueza o la obtención de un servicio a cargo del Estado. El elemento subjetivo del tributo exige la intervención de funcionarios departamentales o municipales, y que el sujeto pasivo se relacione con los actos documentales señalados como hecho gravable. Y el elemento espacial se refiere a que las "actividades y operaciones" deben realizarse en la jurisdicción del departamento o de los municipios que lo integran'. (Subrayas del texto).

     

    "Ahora bien, no se trata de cualquier documento. Se trata de aquellos documentos en cuya expedición interviene un funcionario público. Así lo ha sostenido la Sala en diversas oportunidades, como se advirtió en precedencia.

     

    "En efecto, mediante la sentencia de 10 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad del literal a.2) del artículo 135 de la Ordenanza 021 de 2002 expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico y el mismo artículo y literal del Decreto Ordenanzal 823 de 2003 expedido por el Gobernador del Departamento del Atlántico, así como las referencias que del mismo literal se hacían en los demás artículos de dicha ordenanza. 

     

    "La decisión del Tribunal se fundamentó esencialmente en que la Asamblea Departamental del Atlántico no podía gravar con las estampillas Pro-Desarrollo Departamental y Ciudadela Universitaria actos o documentos suscritos o expedidos por autoridades diferentes a los funcionarios departamentales, toda vez que, conforme lo previsto en los artículos 170 y 175 del Decreto Ley 1222 de 1986, la obligación de anular y expedir las estampillas radica en los funcionarios departamentales que intervienen en la expedición del acto.

     

    "La citada sentencia fue confirmada por esta Sección mediante sentencia de 9 de octubre de 2014 al decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Departamento del Atlántico y el Ministerio Público, previas las siguientes consideraciones:

     

    'La Sala considera que reguladas las estampillas en esas condiciones sí vulneran los artículos 170 y 175 del Decreto Ley 1222 de 1986 y 4 de la Ley 77 de 1981, y de contera el 300 [numeral 4] de la Carta Política, toda vez que, efectivamente, excede la potestad reguladora que, como se precisó, está restringida, se reitera, a que el objeto imponible sea el documento o instrumento gravado en cuyo otorgamiento intervenga el funcionario departamental (Decreto Ley 1222 de 1986), o las operaciones que se lleven a cabo en el Departamento sobre las cuales tenga jurisdicción la referida corporación y en el acto intervenga el funcionario nacional, departamental o municipal (Ley 77 de 1981).

     

    'Cuando el Decreto Ley 1222 de 1986 y la Ley 77 de 1981 exigen que en el otorgamiento del acto, documento o instrumento intervenga el funcionario departamental, lo hacen con el ánimo de que el funcionario departamental intervenga, para el caso de los contratos, como contratante, para que en calidad de sujeto activo de la estampilla perciba el precio que debe pagar el contratista por la estampilla que deberá adherir el contrato.

     

    'Por lo tanto, cuando la entidad pública asume la calidad de contratante, como lo exige el artículo 135 de la Ordenanza 41 de 2002, queda en evidencia que la intención de la norma es gravar con la estampilla a las entidades públicas, por contratos otorgados por éstas. Si bien el artículo 135 impone como condiciones adicionales que el contrato se ejecute en el Departamento o que la entidad pública tenga oficinas o dependencias en la jurisdicción del departamento, estas condiciones no están previstas en la ley'.

     

    "…

     

    "En el anterior contexto, las disposiciones demandadas, con fundamento en lo dicho en el capítulo precedente, desatienden totalmente los artículos 3 y 5 de la Ley 645 de 2001. Así mismo, contravienen el numeral 5 del artículo 71 del Decreto Ley 1222 de 1986, que prohíbe a las asambleas departamentales imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley. Es la Ley 14 de 1983 la que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios, luego, no se podía, mediante las normas anuladas, gravar con la estampilla las mismas actividades".

     

    "Se reitera que la factura es un documento privado en cuya expedición no intervienen funcionarios públicos, razón por la que en los actos documentales objeto del impuesto a la estampilla no es posible incluirlas. Por esa misma razón, no es posible establecer como base gravable el valor facturado. 

     

    "A lo anterior se suma que esta Sala ha considerado que cuando se establece como hecho generador de un tributo departamental la presentación de una declaración tributaria de otro impuesto, se grava el mismo hecho imponible, porque, como ocurre en este caso, la liquidación privada que presenta el contribuyente del impuesto de industria y comercio tiene efectos únicamente declarativos (sobre la existencia de la obligación tributaria), pero que por sí misma no es indicativa del hecho económico que se supone grava el impuesto de las estampillas".

     
    Según el Consejo de Estado, el municipio de Becerril, previo a la expedición de factura por el impuesto de alumbrado público, debió expedir un acto administrativo: así lo señaló la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 13 de octubre de 2016 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 20078); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

     
    "Respecto del modelo coercitivo, es criterio mayoritario de la Sala, que el cobro directo del impuesto debe estar precedido de un acto previo que otorgue al contribuyente la oportunidad de controvertir la norma aplicable al caso, la calidad de sujeto pasivo o los factores de cuantificación del tributo, en aplicación del artículo 35 del Decreto Ley 01 de 1984. La omisión de este acto, ha dicho la Sala, viola el debido proceso y el derecho de defensa y de contradicción del contribuyente". 

     
    "En ese contexto, se procede a analizar el caso concreto.

     
    "La Sala advierte que el municipio le expidió al demandante un documento que denominó 'liquidación oficial', que tiene la apariencia de una factura de cobro, pues tiene las siguientes características:

     
    "Se trata de un formato sencillo de media página en que se destaca el municipio que expide la factura; el número del documento; el nombre e identificación del contribuyente; así como la dirección, al parecer, del domicilio; la fecha de liquidación y de vencimiento de la factura; la descripción o concepto por la que se expide y; el valor total del 'impuesto de alumbrado público según el Acuerdo 004 del 8 de abril de 2005 del municipio Becerril del Campo, correspondiente a… los meses de marzo a noviembre de 2010. Al margen inferior derecho, se anota que se trata de una liquidación oficial que constituye título ejecutivo y que presta mérito ejecutivo respecto de la que procede el recurso de reconsideración".

     
    "La Sala considera que, previo a esa factura, el municipio de Becerril sí debió expedir un acto previo por las siguientes razones:

     
    "Para el año 2010, el municipio de Becerril había adoptado un estatuto de rentas, de procedimiento y régimen sancionatorio tributario.

     
    "En el Capítulo IX reguló el impuesto al servicio de alumbrado público en el que modificó el hecho generador que había previsto en el Acuerdo 004 de 2005, pues a diferencia de este acuerdo, que previó que el hecho generador eran ciertos sujetos en general y, los beneficiarios del servicio de alumbrado, en particular, el artículo 172 lo concretó el hecho generador así:

     
    "Artículo 173. Hecho Generador. El hecho generador del impuesto de alumbrado público está constituido por el servicio y beneficio del servicio público definido en el artículo anterior.

     
    "El artículo 172 definió el servicio de alumbrado público conforme lo define el artículo 1º de la Resolución CREG 043 de 1995.

     
    "Concordante con lo anterior, el sujeto pasivo fue definido en el artículo 175 en el sentido de precisar que lo son todos los beneficiarios del servicio público definido en el artículo 172 del acuerdo. Incluyó expresamente a los auto generadores.

     
    "En el artículo 176 se definió que la base gravable sería el valor de la energía facturada por la empresa que suministre el servicio. Y para el caso de los propietarios de lotes urbanos se tomaría como base gravable el impuesto predial anual y para los auto generadores la base sería el valor generado de energía para consumo.

     
    "En cuanto a las tarifas, el artículo 179 dispuso que serían del 6% del consumo de energía que se cobra en la facturación, para las categorías residencial, comercial, oficial e industrial para el sector urbano. Y para los propietarios de lotes ubicados en el sector urbano sería del 40% del valor del impuesto predial a cargo. Para los auto generadores, la tarifa sería del 10% sobre el costo de la energía generada para su consumo.

     
    "Mediante sentencia del 1º de agosto de 2016, la Sala consideró que el Acuerdo 009 de 2005 había derogado de manera orgánica el Acuerdo 004 de 2005, y que, en esas circunstancias, el Acuerdo 004 de 2005 no era aplicable al impuesto de alumbrado público causado en el 2010.

     
    "La Sala considera que la sola modificación de la legislación exigía a la administración informarle al contribuyente las razones por las que era responsable del impuesto de alumbrado público a la tarifa de 90 salarios mínimos mensuales vigentes, pues, para el año 2010, cabía la duda razonable de si el Acuerdo 004 de 2005 se encontraba derogado.

     
    "No se le brindó, en consecuencia, a la demandante la oportunidad de controvertir la liquidación del impuesto que quedó consignado en las facturas, pues estas no contienen la información que el contribuyente necesitaba para establecer, así fuera con fundamento en el Acuerdo 004 de 2005, que sí cumplía las condiciones del parágrafo del artículo 7 de ese acuerdo para tributar a la tarifa de 90 SMMLV.

     "En consecuencia, para la Sala sí se le vulneró el derecho de defensa, pues el acto fue expedido de manera irregular sin la motivación sumaria que demanda el artículo 35 del Decreto 01 de 1984".

     
    El Consejo de Estado retoma la posición, según la cual, la interposición del recurso de reconsideración en forma extemporánea contra la liquidación oficial de revisión y su consecuente inadmisión abre la posibilidad de que el contribuyente acuda per saltum en demanda del acto administrativo definitivo ante la Jurisdicción: así lo señaló la Sección

    Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del  28 de noviembre de 2016 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 20926); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

     
    "2.7.5 Sin embargo, se puede ocurrir que el contribuyente interponga el recurso de reconsideración de manera extemporánea, lo que origina su inadmisión y, a su vez, se acoja – al presentar la demanda – a la facultad prevista en el parágrafo del artículo 720 del E.T. porque atendió en debida forma el requerimiento especial.

     
    "En la solución a este evento, en los diversos pronunciamientos emitidos por esta Sección, a los que se hizo referencia con anterioridad, se ha coincidido en señalar que cuando se presenta en forma extemporánea el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial, se entiende que no se presentó el recurso.

     
    "2.7.6 La diferencia entre las dos líneas jurisprudenciales que en torno a este tema se han presentado, radica en que en una, si se prueba el cumplimiento de los requisitos del parágrafo del artículo 720 del E.T. el contribuyente puede demandar per saltum, a pesar del rechazo por extemporáneo del recurso de reconsideración, en tanto que en la segunda línea, que resulta vigente, la extemporaneidad en la interpretación del citado recurso conduce a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, lo que trae consigo la decisión inhibitoria, salvo que se demuestre que el recurso fue ilegalmente inadmitido  es decir, que no era extemporáneo.

     
    "2.7.7 En esta oportunidad, se  retoma la posición, según la cual, la interposición del recurso de reconsideración en forma extemporánea contra la liquidación oficial de revisión y su consecuente inadmisión abre la posibilidad de que el contribuyente acuda per saltum en demanda del acto administrativo definitivo ante esta Jurisdicción, siempre que se cumplan los presupuestos señalados en el parágrafo del artículo 720 del E.T. esto es, atender en debida forma el requerimiento especial e interponer la demanda dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión.



    "2.7.14 En conclusión, cuando se observe que el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión en forma extemporánea pero, se evidencie que el administrado atendió en debida forma el requerimiento especial y que la demanda contra la liquidación oficial se presentó dentro de los cuatro

    (4) meses siguientes a su notificación, es del caso admitir que la parte actora acude per saltum ante esta jurisdicción y, por ende, procede el estudio del fondo del asunto.

     
    "Igual tratamiento se debe dar en los eventos en los que a pesar de ser legal la decisión de la Administración al rechazar por extemporáneo el recurso de reconsideración, la parte actora decide atacar esta actuación junto con la liquidación oficial, caso en el cual, el término de caducidad de la acción se contabilizará a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión (parágrafo del artículo 720 del E.T.)". 

 
Esperamos que estos puntos les sean de utilidad. 

 
Reciban un cordial saludo, 


 
ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos ​

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