Bogotá, septiembre 24 de 2019

1. La ANDI emitió un concepto al Congreso de la República respecto al proyecto de ley “Pago a Plazos Justos” el cual, en su estado actual, no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas que se derivan de un proyecto de esta naturaleza.
2. Aun así, hemos sido claros en que estamos de acuerdo en que esta medida se aplique en el caso de las micro y pequeñas empresas, y emprendedores.  Así mismo, reiteramos que estamos dispuestos a trabajar en una propuesta conjunta que atienda los intereses de todos los agentes de la cadena, al tiempo que tenga en cuenta las implicaciones de orden jurídico y macroeconómicas que se deriven de un proyecto de esta naturaleza.
3. Queremos trabajar con el Gobierno, las empresas y los emprendimientos para conseguir mecanismos que nos permitan generar alternativas. Hemos tenido reuniones con los ponentes desde el principio de la discusión del proyecto y hemos hecho una serie de sugerencias y comentarios que hasta el momento no han sido tenidas en cuenta.
4. Proponemos al final, la construcción de un modelo que atienda los intereses de todos los agentes, construyendo un sistema virtuoso, dentro del marco constitucional que conduzca a apoyar a las empresas micro, pequeñas y emprendedores.
5. Hemos venido proponiendo y ratificamos nuestra posición de promover un proyecto de consenso entre el Gobierno, los emprendedores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y el legislativo, para que se establezcan condiciones de pago asegurado en un periodo que puede ser de 60 días.
6. Para la ANDI es fundamental la defensa de los emprendedores y los pequeños empresarios. Justamente la posición del gremio surge de un análisis en conjunto de toda la cadena productiva en la que se incluyen todo tipo de empresas: desde las micro hasta las más grandes.
7. La ANDI llama la atención alrededor de las condiciones de desventaja que se vayan a generar para las empresas colombianas que ya tienen problemas para competir con las importaciones, a las que se les agregaría unas nuevas condiciones de desfavorabilidad.
8. Medidas regulatorias como las que se buscan implementar por medio del proyecto de ley pueden tener efectos contrarios al objetivo que persiguen, por eso es importante llevar a cabo el test de proporcionalidad que ha indicado para estos casos la Corte Constitucional.
9. La presión financiera en las pequeñas y las micro empresas está sobre el IVA ya que tienen que pagarlo a la DIAN anticipadamente. Por una parte, proponemos un régimen especial por el cual quien pague el IVA no lo haga en forma anticipada. La otra propuesta es que se ponga a cargo de la entidad compradora de los servicios o bienes, el pago para que no tenga que financiarlo el emprendedor o la microempresa.
10. El Proyecto de Ley “Pago a Plazos Justos”, afectaría de manera sensible las empresas del sector de la salud, ya que se verían obligadas a cancelar algunas de sus cuentas por pagar en el corto plazo, mientras que su cartera está a más de 190 días, afectando de esta forma su capital de trabajo, generando presiones sobre el sistema financiero y al mismo tiempo sobre la tasa de interés.
11. Una parte de las cuentas por pagar de las grandes empresas, vía encadenamientos y red de proveedores de las compañías, corresponde a las cuentas por cobrar con las Pymes. Sin embargo, regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas. Muchas de las cuentas por pagar de las grandes empresas son también con empresas de igual tamaño. Por su parte, en las cuentas por cobrar de las Pymes también una parte son con empresas de tamaño similar. El proyecto de ley va en dirección contraria del desarrollo de las Pymes y del fortalecimiento de los encadenamientos del sector productivo colombiano.
12. Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria.
13. Otro efecto indeseable de aplicarse el Proyecto sería el incentivo a conseguir proveedores por fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por cuentas por cobrar no cobija a las importaciones, perjudicando el fortalecimiento de las PYMES nacionales.
14. Se deben definir los costos de supervisión que tendrá el Estado para eventuales quejas o incumplimientos que se puedan producir. Del mismo modo, se debe establecer cuál será la institución encargada de vigilar y establecer mecanismos y penas y los costos desde el punto de vista de personal o de transacción.

Otras propuestas

15. Otorgar a las PYMES un plazo adicional de 1 bimestre para pagar el impuesto a cargo liquidado en sus declaraciones de IVA.
16. Facilitar a través de menores costos, trámites y garantías, los mecanismos de financiamiento para las PYMES.
17. Promover códigos de autorregulación a través de acuerdos voluntarios de las empresas con sus proveedores.
18. En los casos en los cuales se argumente que hay abuso de la posición dominante, se debe tratar por los mecanismos que existen para evitar dichas situaciones.
19. Impulsar tecnologías y sistemas electrónicos como la factura electrónica.
20. Promover en el sector empresarial la adopción de buenas prácticas en las negociaciones entre particulares. Un posible marco de referencia podrían ser las guías que sugiere ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) que incluyen entre otros las siguientes características: transparencia; certidumbre de términos y políticas contractuales explicitas; mecanismos de solución de controversias agiles, transparentes y eficientes; monitoreo fácil de facturas; y claridad en los programas de pagos.