Columna de opinión de Bruce Mac Master publicada en Portafolio. 03/09/2018

La incertidumbre jurídica es considerada uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector privado del país.

Se presenta cuando se dan cambios en las reglas de juego para hacer negocios, cuando estas reglas se aplican de manera diferente a empresas que comparten un mismo nicho de mercado, cuando se realizan interpretaciones diferentes de la norma, dependiendo de la autoridad de la persona o entidad que la interpreta, o cuando simplemente se modifican los derechos u obligaciones de un agente privado.

Este factor, sobre el cual hemos llamado la atención en diversas ocasiones, genera un enorme dilema para los inversionistas a la hora de la toma de decisiones sobre los destinos de los flujos de capitales.

Para el país es necesario contar con decisiones judiciales consistentes, así como con una perspectiva estructural y de largo plazo en lo regulatorio y en lo fiscal.

Es por este motivo que decisiones judiciales como las adoptadas contra Cerro Matoso este año, abren las puertas para ordenar pagos de indemnizaciones solo porque existen supuestas probabilidades de afectaciones no comprobadas en la salud de las personas de las comunidades por la operación minera. 

Con las determinaciones judiciales basadas en elementos de probabilidad, se pierde objetividad y competitividad. 

Estamos ante un ejemplo contundente de los efectos negativos de la incertidumbre jurídica. Ahora cualquier ciudadano puede demandar al vecino que tiene un negocio y responsabilizarlo.

El sector privado está abierto a fortalecer los canales de comunicación con los diversos actores de manera que se conozca la forma como el trabajo de estas empresas, está inserto dentro de una estrategia de sostenibilidad que incluye el desarrollo social de las comunidades.

El tener mayor información cierta sobre la actividad minera y sus reales impactos, también nos permitirá ser conscientes del aporte de este sector, más aún ante las necesidades en materia fiscal, de seguridad energética, demanda de combustibles y de divisas que requiere el país.

En ese contexto es indispensable que las empresas estén rodeadas de un entorno que les permita realizar su negocio, donde se cumplan unos requisitos mínimos para que puedan alcanzar sus objetivos y tengan los niveles de madurez y desarrollo necesarios.

Como lo hemos manifestado desde hace varios meses y en distintos escenarios, Colombia no puede perder de vista el valor y aporte de sus empresas. Es necesario que se considere el desarrollo empresarial como motor de crecimiento y generador de progreso. 

Cuando esto ocurre se tienen las capacidades para producir ingresos suficientes para la población, para generar mayor empleo, aumentar la capacidad de adquisición de los colombianos, del Estado y hacer aquellas cosas de la naturaleza pública, para responder a los desafíos que existen en una sociedad como la nuestra.