Bogotá, mayo 5 de 2021. La Alianza por Bogotá Región, conformada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ANIF – Centro de Estudios Económicos, la Cámara de Comercio de Bogotá- CCB, Fedesarrollo y ProBogotá Región rechaza los hechos de destrucción y violencia que grupos han desarrollado en medio de las manifestaciones adelantadas por ciudadanos pacíficos.

Como Alianza proponemos avanzar con sentido de urgencia en el desarrollo de cinco campos de actuación para la recuperación social y económica:
1. Garantizar las condiciones de seguridad para el respeto de los derechos humanos.
2. Garantizar de manera íntegra y permanente el abastecimiento alimentario y mantener activo el servicio de salud, más aún en este momento crítico de la pandemia.
3. Reactivar la discusión democrática por los canales institucionales establecidos en nuestra Constitución.
4. Garantizar el derecho al trabajo y la actividad empresarial como mecanismo central para la recuperación económica y social.
5. Garantizar el suministro de oxígeno, dispositivos médicos, y todos los demás insumos para evitar el colapso del sistema salud, fomentar medidas de autocuidado y evitar aglomeraciones para impedir la propagación del virus del COVID- 19.

Invitamos a trabajar de manera conjunta a las autoridades locales administrativas y de policía a proteger la vida e integridad de las personas, permitir el ejercicio pleno del derecho al trabajo, y garantizar el debido funcionamiento de la cadena de suministros alimentarios, sanitarios y de combustibles. No actuar de manera decidida en este sentido impacta el bien común y empeorará los desafíos que enfrentan los ciudadanos por cuenta de la pandemia.

Lamentamos las pérdidas humanas tanto de ciudadanos como de integrantes de la fuerza pública y respaldamos su labor de velar por la vida, los bienes, las creencias y las libertades de los colombianos, restablecer el orden y garantizar el ejercicio de los derechos en el territorio nacional.

Rechazamos a los violentos que bloquean las vías nacionales y locales y los graves daños que causan a la infraestructura y a los bienes públicos que han cobrado vidas de colombianos, deteriorado la calidad de vida, el bienestar social, el erario y la economía nacional.

Así mismo, condenamos los ataques contra el sector que se dedica a producir bienes y servicios, en sus plantas, comercios y centros de abastecimiento lo cual pone en grave riesgo a los empleados y retrasa la reactivación productiva, la recuperación del empleo y el ingreso de miles de familias.

La democracia y la convivencia pacífica demandan que las conductas violatorias de los derechos sean investigadas y juzgadas con prontitud.

Instamos a que, de manera inmediata, prevalezca el orden democrático para garantizar un entorno seguro con el fin de afrontar los desafíos en materia de pobreza y desempleo.