El primer semestre de 2021 fue marcado por hechos que nos invitan a reflexionar y a realizar ajustes con una visión de largo plazo en aspectos como la sostenibilidad fiscal, el aumento en la competitividad, la aceleración del crecimiento económico y la generación de empleo.

En materia fiscal, el Gobierno nacional presentó una reforma tributaria que buscaba recaudar $23,4 billones a través de la eliminación de los alimentos en la categoría de exentos de IVA, la ampliación de la base gravable en el impuesto de renta para personas naturales y el pago de impuesto de renta a las pensiones superiores a $7 millones, entre otras medidas. A pesar de que la reforma se sustentaba bajo la premisa de mejorar la equidad, reducir el número de personas que viven en condición de pobreza, impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, fue retirado el proyecto de ley presentado ante el Congreso debido a los amplios desacuerdos al respecto.

El Gobierno nacional, en una nueva propuesta de reforma tributaria, disminuyó la expectativa de monto de recaudo a $14 billones a través de consensos. Por su parte, la ANDI propuso suspender el descuento del ICA en renta ($5,2 billones), aplazar la reducción del impuesto de renta de las personas jurídicas (pasar tarifa de 30 % al 33 %) generando un recaudo de $6,2 billones y un impuesto al patrimonio de personas naturales de más de $5.000 millones a la tarifa del 1 % ($1 billón), para un total de $12,4 billones.

Adicionalmente, la ANDI también propuso, por una sola vez, realizar una enajenación y venta de activos ($14 billones) y, de manera permanentemente, una reducción de la evasión, una reducción del gasto público e IVA a productos suntuarios ($3 billones).

Es importante que el Gobierno nacional realice un mayor seguimiento y focalización del gasto público para garantizar la sostenibilidad fiscal, generando mayor transparencia en las finanzas públicas y mayor fortalecimiento institucional.

La incertidumbre en materia fiscal hizo que las calificadoras de riesgo S&P Global y Fitch Raitings redujeran la calificación de Colombia pasando de BBB- a BB+ con perspectiva estable. Por su parte Moody´s mantuvo el grado de inversión (Baa2/Negativo). Es importante mencionar que un país cuenta con grado de inversión siempre y cuando dos de las tres calificadoras mantengan el grado de inversión. En ese sentido solo contamos con la calificación de Moody´s.

La pérdida del grado de inversión implica que el acceso al crédito en el exterior será mucho más costoso para el país, ya que la probabilidad del riesgo del no pago aumenta y, por lo tanto, la banca multilateral otorgaría créditos con una tasa de interés alta. También hay que tener en cuenta que muchos inversionistas extranjeros tienen como política invertir solo en países con grado de inversión.

Ahora, más que nunca, es necesario continuar con la estrategia de atracción de inversión y que los nuevos flujos que lleguen vengan acompañados de transferencia de conocimiento y tecnología, para generar nuevos puestos de trabajo, mejorar las capacidad y habilidades de los trabajadores, y contribuir a un mayor crecimiento económico.

En ese sentido, el pasado 20 de julio, el Gobierno radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley, Proyecto de Inversión Social, con el que esperan recaudarse $15,2 billones con el objetivo de fortalecer la institucionalidad fiscal y alcanzar un nivel de deuda prudente para el país, a través del plan de austeridad en el gasto y la lucha contra la evasión. La nueva reforma tributaria tiene como propósito atender a los vulnerables, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la reactivación económica, ya que el crecimiento económico permitirá generar más empleo. En materia de competitividad, en el mes de junio de 2021 fue publicado el Índice de Competitividad Global, presentado por el Institute for Management Development (IMD).

Para esta edición, Colombia perdió dos posiciones, ocupando la casilla número 56 entre 64 países. En los cinco factores que mide el IMD, el país evidenció un deterioro en el desempeño económico y en la eficiencia del Gobierno. Sin embargo, mejoró en eficiencia en los negocios y en infraestructura. En Latinoamérica, Chile (44) es el país más competitivo, seguido de México (55), Colombia (56), Brasil (57) y Perú (58).

El informe indicó los retos hacia futuro para el país, que incluyeron: apoyar la ejecución de los proyectos de infraestructura, generar una mayor cantidad de empleo e ingresos para la población más vulnerable, promover el desarrollo de la economía digital, realizar el plan de vacunación de la población y fortalecer las finanzas públicas.

De acuerdo con lo anterior, la generación de empleo y el aumento de los ingresos de las personas debe ser el principal enfoque de una política pública que impulse la creación de nuevos empleos, que ofrezca incentivos tributarios a la contratación laboral, con programas de capacitación y reentrenamiento, y con un servicio de intermediación laboral eficiente. Adicionalmente, es necesario focalizar el gasto en educación para mejorar la calidad de la misma, específicamente en la formación de técnicos y tecnólogos alineados con los perfiles ocupacionales que demandan las empresas.

Por último, desde el sector empresarial es importante impulsar el aprendizaje continuo, de tal manera que los colaboradores puedan capacitarse y reentrenarse en las empresas para afrontar los constantes cambios del mercado. La educación no termina una vez acaba el programa de formación técnica, tecnológica y profesional; se estima que en 2030 los trabajadores pasarán más tiempo aprendiendo en el trabajo.