Bogotá, 11 de febrero de 2022. Mientras que Uruguay, Costa Rica, Colombia y Argentina han destacado por evitar que los ciudadanos incurran en gastos catastróficos por cuenta de las atenciones en salud; otros países como México, Perú, Ecuador y Brasil, han registrado casos de hogares forzados a vender sus pertenencias o gastar dinero de su bolsillo para costear las hospitalizaciones, señala el estudio ‘Gasto en salud durante la pandemia por COVID-19 en países de Latinoamérica’, llevado a cabo por la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI y el Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia (UdeA).

El trabajo se encargó de evaluar el comportamiento de los sistemas de salud desde el inicio de la pandemia hasta finales de 2021, haciendo especial énfasis en el gasto. El análisis de la información reveló resultados bastante disímiles entre los países, pero concluyó que existe una correlación significativa entre el mayor gasto público y la mayor protección de los usuarios en términos de salud y financieros.

El trabajo, dirigido por el economista Jairo Humberto Restrepo, profesor titular de la UdeA, repasó las principales acciones de diez países seleccionados. El común denominador de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos fue la destinación de recursos para la atención de la emergencia, que fueron usados especialmente para aumentar el número de pruebas diagnósticas, fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar las capacidades hospitalarias y adquirir vacunas.

Sobre Colombia, la investigación concluye que fue uno de los países que más recursos, en proporción al PIB, asignó a la atención de la pandemia, después de Panamá y Brasil. Los $15,89 billones invertidos en el país fueron destinados a la ampliación de las capacidades hospitalarias, aseguramiento, estrategia de rastreo, vacunas y bonificaciones a los profesionales de la salud. “El mayor gasto público, la eliminación de los copagos y el aseguramiento proveído por las EPS hicieron posible que los hogares colombianos no incurrieran en altos gastos de bolsillo para la atención del covid-19”, aseguró Carlos Dáguer, director de la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI.

Los investigadores puntualizaron que Colombia destina el 7,6% del PIB a salud. “En su composición, el gasto público representa la mayoría de los recursos, con el 71,6% del total, y la participación del sector privado representa el 28,4% restante. Es notorio el bajo gasto de bolsillo (15,1%), uno de los más bajos de la región y similar al de los países más desarrollados. Así mismo, el porcentaje que destinan los hogares a servicios de salud representan el 1,7% del gasto total, según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH)”, puntualizan los investigadores.

Entre las acciones que marcaron la diferencia de algunos países llaman la atención la creación de un fondo especial para acelerar la resolución de listas de espera y las inversiones para la salud mental en Chile; el escaso interés de México en la búsqueda activa de casos; y el gasto de Ecuador destinado a cubrir servicios funerarios.

Desde la perspectiva del gasto de bolsillo –es decir, las atenciones no cubiertas por los aseguradores o el Estado–, los autores señalan que se encontró evidencia de desprotección financiera en varios países analizados. En Brasil, por ejemplo, “debido a la falta de disponibilidad de camas y asistencias en la red pública, las personas recurren a los servicios de hospitales privados en tiempos de urgencia, lo que resultó en deudas impagables para muchas familias”, dice el documento.

Respecto a México, los autores señalan que, “según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGI, 2020), los gastos en salud de los hogares pasaron de representar 2,6% del presupuesto familiar en 2018 a 4,23% en 2020, presentándose un incremento del 40,5%”. Según el documento, se encontraron informes sobre cómo el acceso de un paciente a la atención médica por COVID-19 se hacía difícil en el sector público, y en el privado los costos eran inaccesibles.

En el lado opuesto, Costa Rica y Uruguay mostraron tener sistemas de salud altamente integrados y con significativos aportes públicos, lo que supuso la ausencia de gastos catastróficos para los hogares e incluso menores tasas de mortalidad.

“El gasto público actúa como palanca para la prevención y la atención –concluye el estudio–. Los sistemas integrados de salud, con un mayor gasto público y un bajo gasto de bolsillo, han sido un factor clave para responder a los retos de la pandemia en cuanto a cobertura de servicios. Esto es muy claro en países como Costa Rica, Uruguay y, en parte Colombia, que presentan un alto número de pruebas y unas bajas tasas de positividad. Además, registran una atención de los pacientes prácticamente 100% a cargo del sistema de salud o del presupuesto público. En contraste, países con alto gasto privado y sistemas fragmentados han tenido una menor cobertura y una mayor presión sobre el gasto de bolsillo, como Perú, Ecuador, México y Brasil”, señala la investigación.

Durante la presentación del estudio también participó Ana María Vesga, vicepresidenta de Salud de la ANDI; María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud; Camilo Cid, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Margarita Petrera, profesora del posgrado de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Ruth Lucio, coordinadora del área de Economía de la Salud del Centro de Investigación Sureste Efectclin de Ecuador, y Miguel Ángel García, gerente general del Sanatorio Mautone de Uruguay.