"La variación del 0,23% del Índice de Seguimiento a la Economía en agosto de 2023, reportado por el Dane, frente al mismo periodo del año pasado, evidencia la marcada desaceleración que está experimentando la economía colombiana que apunta a que al cierre del año el PIB haya crecido alrededor de 1%, una cifra insuficiente para cumplir con las metas sociales que tiene el país en un contexto en el que el desempleo es del 9% y la informalidad afecta a más de la mitad de las personas ocupadas.

Son diversos los factores que impactan a nuestra economía. En el caso específico de las actividades secundarias que registraron una disminución del 7% en agosto, es evidente la caída que se viene observando en la producción y las ventas.

Este es un problema que se evidencia desde inicios de 2023 y se explica, por un lado, como consecuencia de la percepción de incertidumbre que afecta las decisiones de inversionistas y consumidores, reflejándose entonces en los indicadores de industria, comercio y construcción. Esta incertidumbre está asociada con la situación económica y el impacto de las reformas que se discutiendo en el Congreso. Al respecto la ANDI ha insistido en la necesidad de contar con un análisis de impacto normativo que refleje la incidencia de las iniciativas sobre el crecimiento, el empleo, la inversión, las finanzas públicas y sobre los indicadores sociales. El crecimiento se ha visto impactado además por la alta inflación que reduce la capacidad de compra de los hogares y, las altas de tasas de interés que persisten en el país y que influyen sobre la decisión de consumo y ahorro de los colombianos.

A lo anterior se suma la inseguridad que está golpeando el campo, las ciudades e incide directamente sobre el normal desarrollo de los negocios.

En este contexto, reiteramos el llamado para que se construya una estrategia de impulso al crecimiento económico, en el corto y largo plazo, que incluya a los diferentes sectores y fomente la creación de más empleos.

Pero además, hay una necesidad de generar condiciones que reactiven la inversión de las actividades privadas, hoy detenidas, en alianzas con el Gobierno. Por ejemplo en el caso del sector eléctrico, minero energético, de salud y de infraestructura.