En Colombia, una persona mayor de 55 años y que además cuenta con una discapacidad tiene una probabilidad menor en 28,6 pp de conseguir un empleo formal, en comparación con una persona menor de 55 años sin discapacidad.

Este dato proviene del más reciente Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI): construyendo nuevos diálogos para la inclusión laboral. A diferencia de las ediciones anteriores, en las que se habían presentado análisis y mediciones para poblaciones con una solo característica (por ejemplo, mujeres, jóvenes o migrantes sin entrar a mirar las intersecciones entre ellos), en esta cuarta entrega se hace un análisis profundo de cómo la presencia simultanea de dos o más características distintivas en una persona puede aumentar las barreras que enfrenta en su trayectoria educativa y laboral, especialmente para conseguir un empleo formal y culminar la educación superior.

Otra novedad en esta edición es que, además de presentar nuevos casos de éxito y datos estadísticos que actualizan el estado de la educación media, la educación posmedia, la intermediación laboral y el empleo en Colombia., también se profundiza en el análisis de cuatro temáticas prioritarias en este momento para el país: recuperar los aprendizajes en la educación media, mejorar la pertinencia de la educación posmedia, hacer más inclusiva la intermediación laboral y fortalecer la diversidad, equidad e inclusión en las empresas.

En ese sentido, el INEI, desarrollado por la Alianza por la Inclusión Laboral (conformada por Fundación Corona, Fundación ANDI, USAID a través de ACDI/VOCA, el PNUD y, este año, con la Fundación Promigas como aliado), hizo una revisión pionera en el país que destaca cómo la presencia simultánea de factores relacionados con el sexo, la edad, la pertenencia étnica, el ser migrante, tener alguna discapacidad, ser mayor de 55 años, tener una identidad LGBT o residir en la ruralidad, amplifican las inequidades que enfrentan las personas en su camino hacia el empleo.

Todas las combinaciones de características poblacionales medidas en este informe arrojaron un impacto negativo en la probabilidad de acceder a un empleo formal. Por ejemplo, los jóvenes migrantes tienen una probabilidad menor de emplearse en 45,5 pp, en comparación con una persona mayor de 28 años y que no es migrante; de otro lado, los migrantes que residen en la ruralidad, tienen una probabilidad menor de acceder a un empleo formal en 74,8 pp, con respecto a quien no es migrante y reside en cascos urbanos.

Los impactos negativos que se presentan al momento de acceder al mercado laboral, en la mayoría de los cruces o intersecciones poblacionales analizadas en el informe, son el resultado de la acumulación de barreras que empiezan desde la educación escolar.

“Colombia tiene un gran potencial para construir una sociedad más equitativa e incluyente, donde la diversidad sea un asunto de competitividad y se articulen esfuerzos para lograr los propósitos comunes en materia de productividad y bienestar. Comprender la complejidad de nuestras poblaciones es una fuente de oportunidades enorme para la gestión empresarial en el país”, indicó Catalina Martínez, directora de Fundación ANDI/Gerente Arquitectura Social ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia).

Respecto a la intermediación laboral, el análisis mostró que los jóvenes rurales en el país tienen una probabilidad menor en 9,1 pp de conseguir trabajo a través de bolsas de empleo o cajas de compensación familiar, entre otros canales formales (frente a una persona mayor de 28 años resida en zona urbana). Por su parte, las mujeres mayores de 55 años tienen una probabilidad menor de lograr un empleo por medio de estos mecanismos (en contraste, con hombres menores de 55 años).

En la educación superior, los jóvenes migrantes tienen una probabilidad menor de terminar sus estudios en 35,3 pp (en comparación con un colombiano mayor de 28 años); entre otros aspectos, estos jóvenes enfrentan dificultades para certificar y finalizar sus estudios por la exigencia de documentos relacionados con su estatus migratorio.

Las mujeres rurales también enfrentan un escenario desafiante, pues tienen una menor probabilidad en 12,2 pp de culminar sus estudios de educación superior (con respecto a hombres que residen en una ciudad); entre los retos que enfrentan estas mujeres, se encuentra la ubicación geográfica de las instituciones de educación y formación posmedia, pues se concentran en zonas urbanas.

En lo que tiene que ver con la educación media, el estudio reveló que los migrantes que residen en zonas rurales tienen una probabilidad menor de culminar su educación media en 1,6 pp, respecto a un colombiano que resida en zonas urbanas; en el caso de una mujer perteneciente a una comunidad étnica, esta probabilidad es de 0,4 pp menor frente a un hombre sin autorreconocimiento étnico.