Bogotá, 3 de abril de 2024. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, se pronuncia frente a la intervención a la EPS Sanitas. 

Al respecto la Asociación precisa que es responsabilidad del Estado garantizar la prestación del servicio de salud y la atención a todos en Colombia. Desde hace varios meses hemos advertido del inmenso riesgo de que, ante el desfase entre costos e ingresos en el sistema de aseguramiento, se pudiera presentar una crisis de gran tamaño.  Esta situación se vio agravada por la decisión del Estado de restringir el flujo de recursos hacia el sistema, lo que fue advertido incluso por la Corte Constitucional.

Se hizo un llamado a poner en marcha un plan de salvamento del sector salud que garantizara el correcto funcionamiento de todos sus agentes y la atención de los pacientes, el cual fue repetidamente ignorado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia.  A su vez, la ANDI advirtió que sí era previsible y que si no se ponía en marcha un programa de esta naturaleza, se afectaría de forma permanente a muchos de los agentes del sistema. Hoy en día nos preguntamos ¿Cuál es la responsabilidad legal y política de las autoridades por esta situación?.

Con la intervención de Sanitas se llega a un acumulado de más de 25 millones de colombianos que hoy en día están bajo la responsabilidad de entidades intervenidas, mixtas o públicas, es decir bajo la responsabilidad directa del Estado. No sólo los pacientes sino toda la contratación y manejo de recursos que implica asumir esa responsabilidad.

Las intervenciones fueron definidas por nuestro marco jurídico para garantizar la prestación del servicio correspondiente a los ciudadanos y, en el caso de la salud, a los pacientes, pero en ningún caso esto significa que se trate de una expropiación o transferencia de la propiedad de las empresas al Estado, sin ningún tipo de compensación o pago por las mismas. Por lo tanto, al intervenir la responsabilidad no sólo es con los pacientes y ciudadanos, sino también con la defensa de la propiedad privada que es parte de nuestra Constitución.

De otra parte cabe preguntarse ¿Cuáles son las justificaciones en los casos de cada una de las intervenciones? Incluyendo las causas derivadas de la responsabilidad del Estado y la falta de flujo de recursos, así como las mejores capacidades del Estado para cumplir funciones que son otorgadas a las EPS.

Es momento de que la sociedad, los entes de control y la justicia vigilen y auditen integral y profundamente cada intervención. Se debe evitar que ese mecanismo, creado para defender a los ciudadanos, pueda ser objeto de abusos.

“Sería inconcebible que esta medida haya sido tomada en retaliación por la decisión del Congreso de la República de considerar el voto de ponencia negativa respecto a la reforma a la salud. La democracia no es el ejercicio de imponer posiciones al resto de la sociedad, sino el ejercicio de construir decisiones colectivas. De manera que, si se trata de una reacción a la decisión del Congreso de la República, estaríamos hablando entonces de una situación inaceptable dentro del marco constitucional colombiano”, comenta Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.