En un contexto económico caracterizado por alta incertidumbre y bajo crecimiento, la introducción de un nuevo tributo agravaría la situación de las empresas en la región. Durante el 2023, Colombia experimentó un crecimiento económico de apenas 0.6%, y se espera que el 2024 registre un ritmo similar. En Antioquia sectores clave como la industria manufacturera, servicios, construcción han estado en terreno negativo.

La estructura tributaria en Colombia ya es una de las más altas de la región, con una carga promedio del 71.2% para las empresas. Añadir un nuevo tributo sobre el consumo de energía no solo incrementaría los costos de producción, sino que también afectaría la sostenibilidad de las empresas locales. Este aumento en los costos energéticos no solo lesiona negativamente la competitividad de Antioquia y sus empresas, sino que también generará efectos inflacionarios y reducirá la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo.

El costo de la energía representa alrededor del 20% de los costos totales de producción para la industria.  Estimamos que la nueva tasa de seguridad incrementaría el 9.8% en la tarifa industrial de energía en el departamento. Este incremento no solo lesiona gravemente a las empresas, sino que también deteriora la competitividad del departamento.

Además, el impacto del impuesto propuesto no será uniforme entre las diferentes industrias. Por ejemplo, en algunas industrias la energía eléctrica representa el 66% de los costos de producción, esto significa que las empresas más intensivas en energía podrían verse obligadas a cerrar o reducir su producción, lo que afectaría el empleo y la diversidad económica en Antioquia.

Lo razonable es que los departamentos y las ciudades busquen ser mucho más competitivos y sea en sus territorios donde se generen nuevas inversiones y oportunidades de trabajo. Decisiones como estas van exactamente en el sentido contrario a generar más competitividad de la región.

El trabajo desde los gobiernos regionales y locales debe estar orientado a la búsqueda de mecanismos e incentivos que atraigan nuevas inversiones y oportunidades, decisiones como estas van exactamente en el sentido contrario a generar más competitividad de la región

La ANDI hace un llamado a los honorables diputados a no aprobar esta ordenanza y a abrir un espacio de diálogo para explorar soluciones más equilibradas que no impongan cargas adicionales a las empresas y promuevan la seguridad del territorio sin afectar la sostenibilidad empresarial