Bogotá, 6 de agosto de 2025. — La Cámara Induarroz de la ANDI, que agrupa parte de la industria arrocera de Colombia, expresa su profunda preocupación por los efectos que pueda tener sobre el mercado del arroz, la reciente decisión de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. Esta medida, adoptada como parte de la negociación entre el Ministerio y los líderes del paro arrocero, fue expedida sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales.

La industria arrocera: motor regional y socio del agricultor

La industria arrocera es un motor de desarrollo en varias regiones del país donde genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas de paddy verde al año) buscando que ningún agricultor pierda su producto.

Un problema de sobreoferta sin precedentes

El origen de la coyuntura actual es claro: En 2024, Colombia sembró un récord histórico de 631.000 hectáreas en arroz, generando la mayor cosecha de su historia en un contexto de sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.

A pesar de las señales y los llamados a racionalizar las siembras desde finales de 2024, la superficie cultivada aumentó, especialmente en Casanare, donde se alcanzó un nuevo récord de 216.000 hectáreas sólo en el primer semestre del 2025. Esto hizo que, para el 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios 92% superiores a los de 2024, y muy por encima de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA.

Preocupaciones frente al régimen de libertad regulada del arroz paddy verde

En este contexto de sobreoferta, y ante la presión de los líderes del Paro Arrocero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la resolución en la que se somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. El cual, según datos de Fedearroz, arroja unos precios mínimos de compra hasta un 17% más altos que el precio de mercado, dependiendo del municipio, al tiempo que ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector.

Ante esta regulación, la Cámara Induarroz de la ANDI realizó aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados, y sobre los que queremos llamar la atención una vez más antes de que se genere una situación insostenible para toda la cadena.

En resumen, se resaltaron los siguientes riesgos:

• El posible aumento de los precios del arroz blanco al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
• El efecto “incentivo” para incrementar las siembras, profundizando la sobreoferta al imponer condiciones de comercialización más favorables que las que estaban vigentes cuando los agricultores tomaron sus últimas decisiones de siembra.
• La pérdida de competitividad frente a las importaciones, en un contexto internacional de excedentes del grano.
• El incremento de la informalidad en la cadena.
• La generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector arrocero.

El concepto de la abogacía de la SIC respalda varias observaciones de la industria

En el concepto de la abogacía de la competencia, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, concluyó que la imposición del régimen de libertad regulada es “una clara limitación al libre proceso de formación de precios”, y que “podría, eventualmente afectar la eficiencia del mercado y la adecuada transmisión de información”.

La SIC coincidió con los riesgos identificados por la Cámara y señaló que “esta medida solo se justifica si es transitoria”, lo que en un contexto de mercado puede generar incertidumbre para los compradores, una de cuyas posibles consecuencias sea el desincentivo al almacenamiento del cereal a largo plazo, por un elemento evidente: el carácter temporal de la medida, y la falta de claridad sobre la duración de la intervención.

Además, afirmó que este tipo de medidas podría incentivar que ciertos compradores opten por adquirir el arroz en aquellas regiones con precios mínimos más bajos y “derivar en una dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental… que, lejos de corregir los desajustes estructurales del mercado, termine acentuando sus distorsiones y comprometiendo su sostenibilidad y eficiencia económica en el tiempo”.

Recomendó también, que se trabaje en los problemas estructurales del mercado, de manera coherente con los principios de libre competencia.

Sobre las consecuencias de la implementación del régimen

A partir de la emisión de la resolución, los distintos actores del sector, de manera unilateral e independiente, se han visto obligados a innovar y adaptarse para dar cumplimiento a lo establecido, según las particularidades y el modelo de negocio de cada uno.

Preocupa muy especialmente que la medida va en contravía de lo que el sector necesita. En un contexto de sobreoferta lo que se requiere son políticas que faciliten la absorción de la cosecha en lugar de desincentivarla, por lo que algunas empresas se están adaptando y explorando nuevas estrategias, para en la medida de lo posible, seguir recibiendo el arroz de los productores, en medio de un entorno marcado por la sobreproducción y la incertidumbre sobre el tamaño final de la cosecha.

Cualquier medida que se tome en este momento debe cumplir con el doble objetivo de generar incentivos a que se absorba la totalidad de la cosecha, minimizando posibles efectos negativos sobre los agricultores, al tiempo que se logre proteger a los consumidores de mecanismos que incrementen en forma artificial los precios de un producto de la canasta básica de alimentos.

Hacia una solución estructural

La Cámara Induarroz de la ANDI coincide plenamente con la conclusión de la SIC sobre la necesidad de encontrar una solución a las problemáticas estructurales del sector y de realizar el debido monitoreo de los efectos de la implementación del régimen para tomar medidas correctivas. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de ser parte de la solución a los problemas que enfrenta la cadena y por tanto trabajar en la implementación de la agenda de competitividad, con base en el Plan de Ordenamiento Productivo, a fin de construir una cadena arrocera competitiva y sostenible de cara a la apertura comercial de 2030.