Con base en un análisis a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) la ANDI advierte que la crisis de financiamiento sigue siendo profunda y que, para 2026, se requiere un incremento mínimo de 15,6% en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) atraviesa su momento más crítico. Un nuevo análisis financiero adelantando en la ANDI revela que la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha llevado a las aseguradoras a operar en números rojos. El diagnóstico es contundente: el sistema está gastando más de lo que recibe. La siniestralidad de la UPC ha sido superior al 99% desde 2021 y por encima del 100% desde 2022.

Para el cierre de 2025, se proyecta una siniestralidad del 105,9%, lo que significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. Esta brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo para la vigencia actual. En el año 2024 advertimos que la UPC para 2025 debía crecer el 16,9% y que si llegaba a crecer el monto equivalente a la inflación causada el hueco sería de $9,8 billones. Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados. Después lo ratificó la Corte que, mediante el Auto 007 de 2025, reconoció la insuficiencia de la UPC de 2024 y ordenó al Ministerio de Salud realizar los ajustes técnicos necesarios para reconocer el rezago y sentar las bases de un buen cálculo para años posteriores.

Crecimiento de la UPC 2026

El análisis proyecta que, para empezar a estabilizar la operación corriente y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, la UPC debe crecer al menos un 15,6% en 2026. Cualquier cifra inferior profundizará la crisis: cada punto porcentual por debajo de este ajuste significará recortarle al sistema cerca de $890 mil millones en recursos vitales.

La buena noticia es que este ajuste es financiable. El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 contempla transferencias a la ADRES por más de $48 billones. Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido.

Es responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda definir un incremento que reconozca la realidad del envejecimiento poblacional y la inflación, evitando así la quiebra técnica de un sistema que hoy tiene al 47% de la población afiliada a entidades intervenidas.

El ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica. La crisis de recursos ha dejado de ser un tema contable para convertirse en una barrera de acceso real para los colombianos. La evidencia está en el deterioro de la atención: entre enero y septiembre de 2025, las quejas y reclamos (PQRDs) aumentaron un 32%, y las tutelas por salud crecieron un 22% frente al mismo periodo del año anterior.