Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2025.

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es crucial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana. En este sentido, el ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica bajo la responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda y el DNP.

Un incremento inferior al que se requiere para reconocer la realidad de la demanda de los servicios de salud, mediados por el envejecimiento poblacional, y el incremento de los costos de producción de los servicios médicos, que se ven afectados por el incremento del salario mínimo y la inflación, profundizará la crisis de recursos y afectará de manera notable el acceso de los colombianos a su sistema de salud.

Recordemos que, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9%, lo que significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, éstas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. Esa brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo para 2025. Con base en lo anterior y a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) advertimos que, para 2026, se requeriría un incremento mínimo de 15,6% en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema.

Ahora bien, con un crecimiento de la UPC del 12,94% en promedio, 9,03% en el régimen contributivo y de 16,49% en el régimen subsidiado (para financiar la igualación de primas puras al 95%), se requieren $113,4 billones (incluyendo los demás costos como lo son los presupuestos máximos, las licencias por incapacidad general, las licencias de maternidad y paternidad, entre otros). Con una proyección conservadora de las otras fuentes de ingresos del sistema, el aporte del Presupuesto General de la Nación debería ser de $45,9 billones. Este escenario dejaría cerca de $2,5 billones para otros usos. Instamos al Ministerio de Salud a reconsiderar esta decisión y apropiar estos recursos respetando el uso aprobado por parte del Congreso de la República y la prioridad legal que tiene el aseguramiento.

Si bien la igualación de las primas entre el régimen subsidiado y el contributivo es un objetivo loable, se deben garantizar los recursos para el adecuado funcionamiento del sistema en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Con ese nivel de incremento de 9,0% no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones para las personas afiliadas al régimen contributivo. En ese régimen el déficit sería cercano a los $3,7 billones. Recursos que dejarían de llegar a clínicas y hospitales, a médicos y enfermeras y, finalmente, a pacientes y usuarios para cubrir el costo de sus servicios. Apropiar la totalidad del rubro aprobado por el Congreso y ajustar el valor de la UPC del régimen contributivo a un valor más cercano al requerido permitiría dar los primeros pasos para resolver la crisis financiera del sistema de salud.

La crisis financiera ha dejado de ser una crisis contable y hoy se traduce en una verdadera tragedia humanitaria.