25 de febrero, Cúcuta.

La ANDI Seccional Norte de Santander manifiesta su profunda preocupación y rechazo frente al deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento y su impacto directo en el funcionamiento y la estabilidad de las empresas que operan en la región.

En las últimas semanas se han registrado hechos de especial gravedad que evidencian una situación que trasciende lo coyuntural y comienza a comprometer la permanencia de operaciones empresariales estratégicas. Entre ellos se encuentra la suspensión de algunas operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo por razones de orden público; el cierre de la operación de la empresa de gas domiciliario en el municipio de Tibú debido a amenazas de grupos armados; las dificultades que enfrentan las empresas comercializadoras de GLP para entregar gas en municipios del oriente del departamento; y las pérdidas extendidas de energía por conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación de CENS EPM en el Catatumbo.

Estos hechos no solo afectan la prestación de servicios esenciales y la operación industrial, sino que generan un entorno de incertidumbre que impacta decisiones de inversión, contratación y expansión empresarial. Cuando las condiciones mínimas de seguridad no están garantizadas, las empresas se ven obligadas a reducir operaciones, suspender actividades o evaluar su permanencia en el territorio.

A estos hechos se suma, como último y especialmente preocupante evento, el cierre de la operación de bloque Carbonera, cerro gordo 1, 2 y 5 en Sardinata, debido al escalamiento de hechos violentos en la región del Catatumbo y en los corredores viales de la operación, incluyendo bloqueos, restricciones a la movilidad y riesgos para el personal operativo. Esta decisión evidencia el nivel de afectación que la situación de seguridad está generando sobre el sector energético y sobre la estabilidad empresarial en el departamento.

El cierre de operaciones no impacta únicamente a las empresas directamente involucradas. Se ponen en riesgo las distintas compañías que hacen parte de su cadena de valor, tanto industriales como comerciales, así como los proveedores, transportadores, contratistas y los puestos de trabajo formales que dependen de estas organizaciones. El efecto es sistémico y golpea el tejido productivo regional.

Esta realidad va en contravía de los esfuerzos que Norte de Santander ha realizado durante los últimos años para atraer inversión, fortalecer su aparato productivo y consolidar condiciones de competitividad. El departamento no puede avanzar en una agenda de crecimiento y generación de empleo si se deterioran las condiciones básicas de seguridad.

La ANDI Seccional Norte de Santander hace un llamado firme y urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen el control del territorio, la protección de la infraestructura estratégica y las condiciones necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus operaciones de manera segura y continua.