La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI expresa su preocupación ante la reciente reducción en la calificación de riesgo del país por parte de Standard & Poor’s (S&P), cuya decisión refleja la forma como se ha manejado las finanzas públicas en Colombia durante los últimos años.

Este ajuste en la calificación no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un manejo fiscal que ha llevado a un crecimiento significativo del presupuesto nacional cercano al 50% en términos nominales. A pesar del gran aumento en impuestos, ha sido financiado en una muy buena parte con un endeudamiento del Gobierno Nacional.

En efecto, la deuda pública ha registrado un incremento sustancial: pasó de un saldo de un poco más de 800 billones de pesos al inicio del actual gobierno a cerca de 1.300 billones de pesos en la actualidad. Los mercados internacionales nos siguen prestando, hasta ahora, pero hoy Colombia enfrenta una de las tasas de interés más altas de América Latina y del mundo.

Por esta razón, cerca de tres de cada 100 pesos del presupuesto se destinan exclusivamente al pago de intereses. La acumulación de está de deuda no la tendrá que pagar el actual gobierno si no que traslada una carga significativa para los próximos gobiernos, pero sobre todo la tendrá que pagar Colombia y los ciudadanos que tienen mayor dependencia de las políticas estatales sociales.

En este contexto, la ANDI hace un llamado urgente a las autoridades económicas para que, en los meses restantes para que culmine este gobierno, se eviten decisiones que profundicen el desequilibrio fiscal.

“Faltan pocos meses para que se acabe el gobierno, a las autoridades económicas, hay que pedirles que no profundicen el inmenso problema que ya tenemos en este tiempo restante; y todos debemos ser conscientes del estado de crisis en el cual se entregan las finanzas públicas, que ya pasó de ser simplemente una preocupación de economistas, para convertirse en un problema de largo plazo, que tendría que asumir toda la ciudadanía colombiana, seguramente con mayor efectos sobre los vulnerables”, comenta Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

La sostenibilidad fiscal es una condición indispensable para el crecimiento económico, la generación de empleo y la protección de los más vulnerables.