Bogotá, agosto 24 de 2026. La ANDI considera que las decisiones adoptadas por el Ministerio del Trabajo, mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, avanzan hacia reglas más claras para fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica, al precisar el alcance de los instrumentos administrativos y su correspondencia con el ordenamiento jurídico colombiano. Este tipo de decisiones contribuye a que empleadores y trabajadores cuenten con reglas claras, estables y ajustadas al marco constitucional y legal vigente.

De acuerdo con el análisis técnico y jurídico realizado por el Ministerio, las circulares derogadas excedieron su función constitucional orientadora, al incorporar nuevas obligaciones, requisitos, multas y procedimientos que no contaban con el debido respaldo legal. En este sentido, la decisión adoptada permite precisar los límites del ejercicio de las competencias administrativas y reafirmar que las circulares deben mantenerse dentro del ámbito de validez que les corresponde como instrumentos administrativos.

Para la ANDI, esta acción resulta relevante para fortalecer un principio fundamental para el trabajo decente y las empresas sostenibles: contar con seguridad jurídica y con autoridades que actúen con estricto apego al principio de legalidad. Cuando se desbordan los límites establecidos por la Constitución y la ley, se genera incertidumbre, se afecta la previsibilidad normativa y se puede debilitar la confianza en las instituciones.

La ANDI reitera su compromiso con la construcción de un entorno regulatorio predecible, que favorezca la formalización laboral, la inversión y la generación de empleo, y que contribuya a fortalecer la confianza necesaria para el desarrollo sostenible del país.