Escribí este texto dirigido a la CIDH con la intención de que si tenía oportunidad de presentarlo en su visita al país, lo haría, o de lo contrario lo publicaría y enviaría formalmente para su estudio. Este es el texto que presenté a esa entidad.

Han sido días duros para Colombia los transcurridos desde el 28 de abril. Al tiempo que experimentamos una de las facetas más valiosas de la democracia, como es la expresión ciudadana en las marchas, hemos vivido algunos de nuestros momentos más tristes por la pérdida de vidas, la aparición de formas de violencia inéditas, incluyendo el vandalismo y la destrucción de bienes públicos y privados, y una nueva forma de dolorosa presión a toda la sociedad como son los bloqueos a las ciudades, las personas y la economía.

Gran reto para el país: mientras clamamos por el respeto y la defensa de la protesta, y por la protección a los derechos humanos, se han vulnerado muchos derechos fundamentales en acciones que han pretendido camuflarse dentro de la protesta. Vimos agresiones inaceptables a manifestantes, como también a personas que se hacían pasar por protestantes actuando violentamente contra miembros de la Policía en hechos que debemos calificar también como inaceptables contra cualquier ser humano. ¿Hasta qué punto esos violentos eran manifestantes?, muchos lo preguntamos. Observamos también la destrucción de medios públicos de transporte, de amueblamiento urbano, de viviendas, de almacenes, de empresas, de centros de justicia o
de vehículos particulares.

Las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría) y algunas organizaciones han documentado hechos atribuidos a algunos agentes policiales en los que hubo un uso desproporcionado o abusivo de la fuerza del Estado. No solo lo rechazamos, sino que exigimos la pronta y eficaz actuación judicial para castigar a los responsables conforme a la ley.

Esperamos también que nuestras autoridades, así como la Comisión, se pronuncien y hagan recomendaciones claras para casos en los cuales, en evidente abuso del derecho a la protesta o, peor aún, en claro aprovechamiento de la situación de tensión social, grupos transgresores de la ley cometen violaciones masivas a los derechos de miles o millones de personas consagrados en la Convención Americana.Les corresponde a las autoridades estatales actuar para proteger esos derechos violados. La omisión de agentes del Estado podría derivar una responsabilidad internacional de este, por lo que llamamos a la Comisión a evaluar la conducta de gobernantes locales especialmente, como responsables del orden público, o de otras autoridades que omitieron el cumplimiento de sus deberes y permitieron que se pusiera en riesgo al abastecimiento de bienes básicos como alimentos, combustible o insumos médicos en el contexto de una pandemia universal, así como la defensa del patrimonio y los bienes privados y públicos.

En varios casos, los responsables de la preservación del orden público en los territorios incumplieron el deber de aislar a las personas que acudían a la violencia o abusaban abiertamente del derecho a la protesta para imponer a todos los demás ciudadanos cargas irrazonables que afectaron la vida, la salud y el derecho al trabajo, e incluso impidieron a los manifestantes ejercer su derecho. Esa omisión se convirtió en patente de corso para que, por ejemplo, particulares, incluso armados, intentaran suplantar a las autoridades y ejercer controles a la libre circulación que afectaron derechos básicos de decenas de miles de personas, a las que se les ha exigido el pago de sumas de dinero para transitar o movilizarse.

Respecto a esas personas, también esperamos que la justicia derive e imponga las consecuencias legales de sus actuaciones injustificadas, y que la Comisión reitere el deber de los agentes estatales de todos los niveles de gobierno de actuar con la debida diligencia para que actores violentos no consumen vulneraciones a derechos consagrados en la Convención de los que son titulares todas las personas.

Especial mención merecen los bloqueos viales, ya que no se trata de “incomodidades” propias de la protesta. En la forma como fueron ejecutados, se convirtieron en cargas abiertamente desproporcionadas y por tanto violatorias del artículo 15 de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la reunión pacífica e impone el límite de la protección a la salud o a las libertades de los demás.

Como lo pudieron verificar los miembros de la Comisión, lo que ha ocurrido en varios lugares de nuestro territorio no son cortes viales transitorios para permitir manifestaciones pacíficas sino verdaderos confinamientos colectivos impuestos, por medios violentos, a poblaciones y regiones enteras. Se ha puesto en peligro el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad de millones de personas. Corresponde a las autoridades locales actuar con la diligencia debida para evitar y corregir estas situaciones. Hoy, las pérdidas económicas colectivas e individuales son inmensas, y en algunos casos irreparables. Los efectos en términos de incremento de la pobreza y el desempleo serán asumidos por los grupos más vulnerables de la población.

Esperamos que la Comisión en el informe que presente sobre la visita especial que ha hecho a nuestro país llame la atención sobre el deber de las autoridades de impedir que se abuse del derecho a la protesta y, en términos de nuestra Corte Constitucional, se impongan cargas irrazonables a la gran mayoría de la población.

Debe saber la CIDH que defendí la invitación a la Comisión como un acto de transparencia de la democracia y no como una renuncia a que opere nuestra justicia, y que represento a un sector del empresariado colombiano comprometido con el país, que mantuvo su presencia en los momentos más complejos de nuestra historia, y hoy ha levantado la mano para decirle a la sociedad que estamos dispuestos a atender las más apremiantes necesidades fiscales de la nación, garantizando que no se grave a ningún ciudadano ante la dura situación que nos ha dejado la pandemia.