Bogotá, 28 de septiembre de 2021. Resulta sorprendente y preocupante la decisión tomada por el Comité Triple A de recomendar reducir los aranceles de las varillas de acero del 10% al 5%. No solo existen en Colombia 5 organizaciones con capacidad amplia de producir estos productos, sino que en la actualidad los mismos se pueden importar con 0% de arancel de al menos cuarenta países con los que Colombia tienen Tratado de Libre Comercio.

Para todos los efectos se trata de una medida aplicable solo a producto proveniente de China, Turquía, Ucrania y Rusia, países todos cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria.
En momentos en los cuales el país reconoce la necesidad de reactivar las capacidades productivas y muy especialmente la generación de empleo formal, esta recomendación resulta ser un mensaje totalmente contradictorio para la industria nacional y la inversión extranjera.

Durante el proceso de argumentación los productores colombianos advirtieron sobre los devastadores efectos que la medida tendrá sobre la industria. Esta decisión, que carece de sustento técnico, es un golpe a la inversión extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los USD 620 millones en los últimos cinco años, incluyendo los $270.000 millones invertidos en la nueva planta en Palmar de Varela (Atlántico) de Ternium en plena pandemia, y además pone en riesgo más de 45 mil empleos directos e indirectos que dependen de esta industria.

La construcción cuenta con importantes subsidios otorgados por el Estado, lo que ha hecho de el mismo un gran motor de crecimiento que hemos apoyado desde la industria. Una de las grandes virtudes del dinamismo en construcción es que genera demanda y encadenamientos de otros sectores, permitiendo que el esfuerzo fiscal beneficie a grupos más amplios de la economía. El beneficio efectivo que esta medida puede tener para un constructor de vivienda se estima en tan solo el 1,2% en su costo directo, sin embargo, pone en peligro la viabilidad de todo un sector. Este cálculo se hace tomando como referencia los datos reportados por los constructores, donde la participación del acero en la vivienda VIS representa cerca del 10% del costo directo de construcción.

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, que agrupa a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc S.A. y Ternium, empresas que representan el 100% de la producción nacional, advirtió que además la medida es ineficaz pues no tendrá efectos sobre la estructura de costos de los proyectos VIS en el país, no lograra ninguna reducción efectiva en el precio final del productor pero sí afectará una industria que está en la capacidad de abastecer la demanda y que tendrá que competir con países cuestionados mundialmente por prácticas anticompetitivas.

“La reducción de este arancel equivale a la firma de un TLC express con países como Turquía y China, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio. Se está castigando a una industria
que durante la pandemia no sólo mantuvo el 100% de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones del país. Además, la industria se ha recuperado teniendo un aumento de la producción nacional del 48% en lo corrido del año y un incremento de las importaciones del 91%. Sin el acero colombiano, no habría sido posible que el sector de la construcción haya presentado un aumento del 51% en las iniciaciones de vivienda”, afirmó María Juliana Ospina, Directora del Comité de Productores de Acero de ANDI. Poner en peligro la viabilidad del sector, en un mundo en el cual el acero es escaso no convendría a la economía, ni a los hogares colombianos. Cabe anotar que una medida de esta naturaleza tiene un costo fiscal que superará los $ 18.000 millones de pesos que serán asumidos por el Estado.

Esta decisión es además un antecedente perjudicial para la inversión privada y el crecimiento económico del país, ya que sin duda genera desconfianza en actuales y potenciales inversionistas que no ven estabilidad en las condiciones de juego existentes en el mercado colombiano. “Nos preocupa mucho esta noticia. Ahora tendremos que medir el impacto en nuestra operación; y las medidas para poder hacer frente a esta baja de arancel. En cualquier caso, se afectará la industria de Colombia; y en consecuencia sus trabajadores y sus familias y los beneficiados serán empresas de países que operan en competencia desleal. Es un retroceso”, afirmó Sebastián Castro, Presidente de Ternium.

Seguiremos muy de cerca las consecuencias de esta decisión para medir el impacto negativo que tendrá en el mediano y largo plazo, tanto en la industria como en la generación de empleo del país”, concluyó Ospina.
Desde el comité esperamos que el Gobierno Nacional tenga en consideración estos argumentos y desestime la recomendación hecha por el Comité Triple A por inconveniente.