Cartagena, 22 de abril de 2022. Durante el foro “Infraestructura multimodal para la transformación del país”, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, junto con las entidades del sector, la ANDI  y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), presentó la “Guía de Buenas Prácticas Portuarias frente a las Problemáticas Comunes en la Ejecución de los Contratos de Concesión Portuaria”, un documento que se trabajó durante 2021 en mesas técnicas (denominadas No-CONPES), con gremios y actores del sector portuario, tanto públicos como privados. En estos espacios, se revisaron los problemas más comunes en la ejecución de los contratos de concesión portuaria y se diseñó el documento que establece mecanismos y procedimientos para gestionar adecuadamente estas situaciones.

Uno de los principales problemas que se identificó en estos espacios tiene que ver con diferencias entre las cifras consolidadas por la Superintendencia de Transporte y las reportadas por las instalaciones portuarias. Según el documento, esto sucede porque en ocasiones se reportan inadecuadamente los códigos de tráfico portuario, se reporta un tonelaje diferente o información incompleta de tipo de embalaje, entre otras. Por esta razón, la guía sugiere implementar medidas para que las estadísticas del volumen de carga manejada por las instalaciones portuarias, que tienen todas las entidades y los concesionarios sea la misma, dado que los valores de contraprestación que los concesionarios pagan a la Nación puede afectar tanto a los costos de dichos concesionarios, como a los ingresos que entran al Estado y con los cuales se atienden obras en los canales de acceso a los puertos. Además, se tendrán unas estadísticas más precisas y se evitará duplicidad en los reportes.

“Este documento que trabajamos en equipo con las entidades del sector transporte, la CCI y la ANDI, con el objetivo de dejar una visión institucionalizada a largo plazo, nos permite proveer una serie de buenas prácticas para los contratos de concesión portuaria, con lo cual reforzaremos la seguridad jurídica a inversionistas nacionales e internacionales, que ven en el país una buena opción para desarrollar sus negocios. Esto a su vez generará empleo, reactivación económica para el país y nos ayudará a aumentar nuestra conectividad con el mundo”, afirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

De igual manera, a corto plazo es necesario generar espacios de capacitación para las Sociedades Portuarias sobre el adecuado manejo y reporte de las cifras en el sistema VIGIA, ya que como se mencionaba anteriormente, la causa más frecuente de diferencias en los reportes se genera al momento en que las Sociedades Portuarias registran la información en el sistema.

Otro de los temas pendientes es generar una metodología definida que permita reconocer las inversiones realizadas por los concesionarios en el país, en los eventos en que se modifique el contrato y no se hayan logrado recuperar o amortizar estos recursos, de acuerdo con el plan de inversiones original. Esto, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas, garantizar la prestación del servicio portuario y mantener el equilibrio económico para el Estado y el concesionario.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, resaltó “de este trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado la aclaración de las operaciones de transbordo de carga en el sentido que únicamente se tengan en cuenta las unidades efectivamente movilizadas y no los movimientos por unidad, evitando una contabilización inadecuada de la carga; la unificación de la metodología para el reporte de información entre las diferentes entidades del sector transporte, y la concertación de una metodología en relación con el reconocimiento de las inversiones realizadas por los concesionarios”.

Asimismo, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) señaló que la Guía de buenas prácticas “es el resultado de un juicioso trabajo de más de 2 años. Este es un documento de gran relevancia para el sector, porque permite unificar, aclarar y dar línea a la solución de dificultades cotidianas que enfrentan los concesionarios portuarios, con lo que se facilita su gestión administrativa, se aporta a la competitividad del sector, del comercio exterior y de nuestro país".

Por otra parte, en el documento quedó establecido el mecanismo de reprogramación de inversiones, cuando el concesionario manifiesta la imposibilidad de ejecutar las mismas en los plazos acordados contractualmente o la necesidad de ajustar el cronograma bajo criterios de eficiencia y competitividad. Sin embargo, para esto es necesario que la solicitud de modificación del plan de inversiones se realice para atender las necesidades concretas de expansión de la capacidad del terminal frente al incremento esperado de tráfico de carga; se garanticen algunos aspectos financieros; se demuestre la obtención del permiso ambiental.

“Este documento surge de la necesidad de contar con procedimientos claros y protocolos de resolución de algunos procedimientos que no contaban con requisitos claros, actores requeridos y cumplimiento de condiciones por parte de los concesionarios, con el fin de evitar duplicidad en trámites, demoras excesivas en solicitudes de modificaciones, inconsistencia en los datos requeridos, entre otros. De esta forma, desde el Gobierno de Colombia buscamos que las condiciones de los contratos de concesiones portuarias sean claras y atractivas para los inversionistas. Es con hechos que avanzamos en una institucionalidad más robusta que sea más atractiva para de inversionistas nacionales y extranjeros”, indicó la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Por último, el documento también señala que es necesario definir un procedimiento general para los concesionarios interesados en realizar inversiones diferentes a las planteadas originalmente, con términos previsibles y de la manera más sencilla que sea posible.

Vale la pena mencionar que estos temas no serán incluidos en el CONPES de política portuaria que trabaja actualmente el Ministerio de Transporte junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP).