Bogotá, 6 de diciembre de 2023. Desde la Andi y las Cámaras de la Salud de la Asociación, que agremian a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías del sector, manifestamos nuestra preocupación por el texto de la reforma a la salud aprobado ayer en segundo debate por la Cámara de Representantes.

Este proyecto pone en riesgo los avances progresivos adquiridos en la protección del derecho fundamental a la salud de los últimos 30 años, lo cual va en contravía con el principio constitucional de no regresividad que limita la función legislativa. No podemos permitir que empecemos a depender de un sistema improvisado, político, susceptible a inmensa corrupción y totalmente inoperante, donde los afectados seríamos todos los colombianos.

Colombia y sus ciudadanos requieren conocer con total claridad cómo será la ruta de acceso a la atención en salud y cómo funcionará el sistema; quién garantizará la oportunidad de los tratamientos y la dispensación de sus medicamentos; y cuál será la entidad responsable de la prestación integral de los servicios de salud, desde la prevención y el diagnóstico, hasta el tratamiento y los cuidados paliativos.

Es deber de las ramas del poder público proteger el derecho fundamental a la salud, por ello confiamos en que el Senado de la República haga un debate serio, responsable y consciente de las implicaciones que esto tiene en términos de prestación del servicio y cobertura para los ciudadanos.

Se debe evitar crear vacíos legislativos  que propicien actos de corrupción, o de presión indebida a los pacientes y que, por el contrario, construya fórmulas que permitan resolver los reales retos que aun enfrenta el sistema, tales como: barreras de acceso, mayores programas de promoción y prevención de la salud, atención en zonas dispersas, carencia de talento humano en salud, insuficiencia de recursos y controles efectivos para garantizar el adecuado y correcto flujo de recursos en el sistema.

Al Gobierno Nacional le solicitamos activar mecanismos de diálogo efectivo, que realmente tengan en cuenta las opiniones de los diferentes actores del país. Han sido múltiples los intentos hechos por los gremios, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas de poder ser parte de este debate que nos concierne a todos. Sin embargo, la constante ha sido la de no hacernos participes o, en el caso de que sí, no tener en cuenta las opiniones cuando son distintas a las de los promotores del proyecto de ley.

Hacemos un llamado para que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, toda Colombia se concentre en asegurar que el sector salud les responda a los pacientes hoy en día. Esa es la responsabilidad legal y constitucional del Estado.

Desde hace meses hemos llamado reiteradamente la atención para que se ponga en marcha un plan de estabilización, que más allá de la discusión de la reforma, garantice el normal funcionamiento y la normal atención a los pacientes. Son constantes las alertas de los operadores del sistema en términos de insuficiencia de recursos, o de falta de oportunidad en el giro de estos. La discusión de la reforma ha ocupado todos los espacios y, mientras esto sucede, se han dilatado u omitido las acciones que se requieren para la correcta operación del sistema, pero la protección de los pacientes y las familias debe ser una prioridad para todos, tanto hoy, como en el futuro.