La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reafirma su compromiso con la defensa de la Constitución Política de 1991. Esta Carta Magna ha tenido el consenso más amplio y valioso de la vida republicana reciente del país. Ha permitido que Colombia dé un salto hacia el pluralismo, la inclusión y la estabilidad institucional. Además, ha ofrecido un marco democrático que ha garantizado avances sociales, políticos y económicos sin precedentes en comparación con la región, y que es una referencia en el mundo.

La Constitución de 1991 ha sido la base de una convivencia que, aunque perfectible, sigue siendo el punto de encuentro entre distintas visiones de país. Debe recordarse que nuestra Carta Política fue fruto de una amplia deliberación ciudadana; su gestación involucró a jóvenes, comunidades sociales, movimientos étnicos y sectores políticos diversos, en un proceso genuinamente popular, transparente y participativo.

Un proceso constituyente como el que se propone en el proyecto del Gobierno actual implicaría un cambio estructural total del orden constitucional. Una nueva Constitución solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, no de la imposición de un proyecto parcial.

Por su naturaleza, cualquier ajuste que se haga debe ser un proceso guiado por el consenso y la deliberación madura y pausada sobre los elementos definitorios de nuestro régimen constitucional que necesiten modificación. Redefinir los elementos esenciales de la Constitución no puede entenderse como una carta de triunfo político de un sector sobre otro, ni como un espacio para constitucionalizar un programa de gobierno.

Los ajustes o reformas que la sociedad demande pueden realizarse a través de los mecanismos previstos por la propia Constitución, la cual ha demostrado ofrecer espacio para que, mediante actos legislativos, leyes o desarrollos institucionales específicos, se construya un Estado amplio, diverso y plural. La fortaleza del Estado social de derecho radica precisamente en su capacidad para evolucionar dentro del cauce institucional.

Los fundamentos que se mencionan como motivo para una nueva Constitución —como el reconocimiento del campesinado, la protección de los pueblos indígenas y la respuesta al cambio climático, entre otros— ya cuentan con desarrollo expreso en el texto vigente de 1991, donde se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, pluralista, multiétnico y respetuoso del medio ambiente. Este texto contiene, además, mandatos claros para la protección de los ecosistemas, los territorios indígenas y los derechos de las comunidades rurales.

La Constitución de 1991 funciona, y lo que requiere es más impulso y compromiso colectivo, no un reemplazo total. El debate sobre las reformas sociales y políticas que necesita Colombia puede y debe darse plenamente dentro del marco de la Constitución de 1991. Esa deliberación democrática es el camino para fortalecer, no para sustituir, el orden constitucional que tantos esfuerzos y vidas costó construir.

La ANDI reconoce que la Constitución de 1991, en su promesa de construir un Estado social de derecho más justo e incluyente, sigue vigente. Por ello, reiteramos nuestra disposición a participar activamente en los espacios de diálogo y concertación que contribuyan a desarrollarla y perfeccionar la aplicación de sus mandatos.

Por el contrario, iniciar un proceso constituyente que busque cambiar la esencia de la Constitución de 1991, en un clima de radicalización política y de ausencia de diálogo sosegado entre los distintos sectores sociales, podría conducir a una situación de inestabilidad para la sociedad colombiana. Este sería un escenario totalmente contrario al requerido cuando se pretende abordar un replanteamiento de los elementos esenciales del orden constitucional.

La ANDI hace un llamado para que la aparente excusa de una Constituyente no sea utilizada con fines electorales partidistas. El cuidado de la Constitución de 1991 debe ser muy superior a los intereses individuales de algunos. Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país a proteger la Constitución de 1991, patrimonio común de los colombianos y fundamento esencial de nuestra convivencia.