Los retos y las oportunidades ambientales que enfrenta el país se quedaran con nosotros de manera permanente, y así lo ha comprendido el grueso del sector empresarial colombiano y, sin duda alguna, quienes operan en la formalidad. Hoy en día, el mayor reto de la humanidad es la mitigación y adaptación al cambio climático que está poniendo en riesgo la supervivencia misma del planeta. Afortunadamente ya se reconoce que la sostenibilidad económica, social y cultural del país depende de que se logre su armonización con la sostenibilidad ambiental. De esta manera, el cambio climático, la contaminación, la destrucción de nuestra biodiversidad y el agotamiento de nuestros recursos naturales han sido reconocidos como parte del grupo de mayores amenazas a nuestra viabilidad y sostenibilidad. Así, se han acogido los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) con entusiasmo por parte de la mayoría de los actores sociales, que facilitan definir una ruta y una estrategia de desarrollo que permita responder a estos retos de armonización de las diferentes dimensiones del desarrollo.

Por ello no es de extrañar que la ANDI, gremio líder de la producción, haya asumido un papel protagonista en la adopción y el desarrollo de la política ambiental del país. De esta manera, desde comienzos de la última década del siglo pasado e inspirada en las orientaciones de la Cumbre de la Tierra celebrada por las Naciones Unidas, se constituye en la ANDI el Comité Nacional Ambiental y se crea la Gerencia de Asuntos Ambientales, con la función de representar a los afiliados frente a la creciente agenda ambiental y ante el nuevo Ministerio de Ambiente. En 2012 esta da paso a la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, que impulsa el liderazgo empresarial en materia de sostenibilidad y crecimiento verde del país. Posteriormente, el Plan Estratégico de la ANDI fija como propósito hacer sostenibles a las empresas. Finalmente, en 2015, se crea el Centro Nacional del Agua, que busca incrementar la capacidad del sector empresarial para gestionar el recurso hídrico y el uso de información para reducir riesgos hidroclimáticos y dinámicas extremas del clima, y a la vez crecer de manera sostenible.

Este no ha sido un proceso fácil. En un comienzo, algunos actores económicos sintieron que el tema ambiental era materia de alarmistas y que por esta vía se les impondrían cargas regulatorias y económicas que afectarían severamente su competitividad, e incluso su viabilidad. Esto requirió de un esfuerzo pedagógico, que aún continúa, para ilustrar sobre las externalidades negativas que la contaminación y el manejo inadecuado de los recursos naturales y las emisiones de CO2 afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, el descuido de las cuencas hidrográficas que pone en peligro el abastecimiento de agua en algunas regiones del país, especialmente durante el fenómeno de El Niño. La contaminación del aire en los centros urbanos por parte del sector transporte y de la industria, que trae severos problemas de salud pública, con costos para el sistema de salud y vía el ausentismo en las empresas. Un ejemplo final es la contaminación de los ríos y las costas por el excesivo uso de plaguicidas y fertilizantes en el sector agropecuario. Por ello, el gran esfuerzo está cada vez más enfocado en visibilizar estos costos, producto de un mal manejo ambiental, y obligar a internalizarlos a quienes los generan. Naturalmente, aquellos que generan beneficios ambientales deben ser igualmente retribuidos. En este principio se basa el pago por servicios ambientales o la oferta de bonos de carbono.

Por otra parte, el diálogo entre las autoridades ambientales y el sector económico ha requerido un difícil proceso de construcción de confianza para disipar las mutuas sospechas que aún a veces se manifiestan, afortunadamente, en mucha menor intensidad. En esta labor ha sido clave la institucionalidad creada por la ANDI y el progreso en el diálogo con las autoridades nacionales. Un factor, a veces frustrante, ha sido la aplicación de la normatividad ambiental, pues en no pocas regiones del país la politización de las CAR ha llevado a una deficiente implementación de la normatividad y a permanentes quejas de los empresarios. La necesaria reforma de las CAR, que ha sido diagnosticada desde hace dos décadas, es una urgente asignatura pendiente.

En la actualidad, la agenda de la Vicepresidencia se centra en seis áreas, que atienden tanto la agenda nacional y regional, como iniciativas internacionales y orientaciones de la OCDE.

Esta agenda y las iniciativas líderes muestran que la ANDI ha decidido tener un papel preponderante en la transformación del aparato productivo para hacerlo ambientalmente sostenible, insumo básico para la sostenibilidad del desarrollo económico. Así mismo, de manera estratégica, ha preferido ser proactivo y no reactivo en cuanto a la normatividad ambiental, para garantizar que los reglamentos que se adopten tengan el menor impacto posible sobre las actividades productivas, alcanzando al mismo tiempo los objetivos de conservación ambiental. En este sentido, las oficinas regionales de la ANDI tienen un papel clave para trabajar con las autoridades locales en la normativa y su adecuada implementación. En particular, temas de ordenamiento territorial y protección de la biodiversidad requieren para su éxito de una acción local en la que la ANDI debe ser protagonista donde tenga presencia.

La agenda de trabajo de la ANDI descrita muestra también que la política ambiental no solo constituye un riesgo para las empresas, sino una gran oportunidad. Tal como lo pudimos constatar en la agenda de trabajo de la Misión de Crecimiento Verde del DNP, hay muchísimas oportunidades para las empresas en una economía sostenible y limpia, donde se preserve el capital natural del país, se desarrollen nuevos modelos de negocio, incluyendo sectores verdes, y se aprovechen mejor los materiales utilizados en los procesos productivos.

De esta manera, acciones para disminuir el desperdicio de agua y energía reducen los costos de las empresas. El impulso a las energías renovables no convencionales y a la electrificación de los equipos de transporte y maquinaria, a la vez que reducen la emisión de CO2 y de material particulado que contamina el aire, abre nuevas oportunidades de negocios y ayudan a reducir la contaminación en las ciudades. Así mismo, la economía circular permite un mejor aprovechamiento de los materiales y reduce la presión sobre el capital natural del país. Por ello, se debe destacar los programas de posconsumo que en la actualidad lidera el gremio, y donde su ampliación y profundización serán inmediatos retos de la ANDI.

Naturalmente este no es un proceso libre de costos. En ciertos sectores, algunos productos deben desaparecer por su impacto extremadamente negativo en el medio ambiente, como el caso de los plásticos de un solo uso o los productos con diseños que dificultan su proceso de reciclaje. En otros casos se deben realizar inversiones en maquinaria y equipo, que permitan sustituir contaminantes calderas a carbón y fuel oil por eléctricas o de gas natural, o para modernizar tecnologías que reduzcan el consumo de energía por unidad de producto. Por otro lado, en la medida en que se impone una regulación sobre la responsabilidad extendida del productor sobre envases y empaques, en más de una ocasión habrá que cambiar los diseños y materiales para que faciliten el reciclaje. Por ello, hay que buscar mecanismos de transición en plazos razonables, pero ciertos, para que se logre avanzar significativamente en estas tareas.

En Francia, el Ministerio del Medio Ambiente se llama Ministerio de la Transición Ecológica. Con ello reconocen que si bien sabemos que hay que alcanzar una economía de bajo carbono en un plazo corto y adaptarnos a las nuevas y cambiantes condiciones climáticas, la clave estará en cómo facilitar esta transición del aparato productivo, lo cual incluye una gran actividad pedagógica, un trabajo conjunto entre el sector público y privado, una adecuada financiación de los cambios e inversiones requeridas, y lograr el apoyo de una masa crítica de empresarios conscientes de que la agenda ambiental del planeta es impostergable.

Quizás las nuevas condiciones globales nos exigirán mayor velocidad en los cambios requeridos y mayores recursos públicos y privados para su implementación. Pero es indudable que hay grandes oportunidades allí, como el desarrollo de la bioeconomía, del sector forestal y de mejores paquetes tecnológicos para la agricultura, la electrificación de la economía con un aporte crucial de las energías renovables no convencionales y las industrias de soporte de la economía circular, como las de diseño de productos y empaques, de desarrollo de materiales reciclables y cadenas de abastecimiento de productos a reciclar, entre otros.

La gestión futura de la ANDI será impulsada por la agenda del empresariado. Dentro de los retos que ha señalado la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible se destacan: la consolidación del primer programa colectivo en América Latina para la gestión posconsumo de residuos de envases y empaques; la ampliación de los programas para la gestión de la mayoría de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; las acciones de restauración, protección y uso sostenible de la biodiversidad en varias regiones; la mejora y mayor certidumbre en las reglas para la evaluación ambiental; las estrategias para reducir la contaminación atmosférica en zonas urbanas; el desarrollo del marco para la gestión de las sustancias químicas industriales; y las acciones para reducir la huella de carbono sectorial. Los retos son inmensos, pero el camino recorrido y las dificultades sorteadas son una gran enseñanza para definir la senda y los esfuerzos futuros.