El texto de la ponencia para primer debate del proyecto de ley de reforma tributaria incluye una propuesta que mina la sostenibilidad de las zonas francas como instrumentos para la industrialización y la internacionalización del país.

A pesar de los diálogos sostenidos con el Gobierno Nacional y la labor de difusión que hemos venido adelantando sobre el instrumento y sus virtudes económicas y sociales, encontramos con sorpresa que el articulado incluye topes de ventas máximas al territorio aduanero nacional que no observan la normatividad internacional ni la realidad del aparato empresarial.

Hemos reiterado en todos los escenarios, que las zonas francas son el mejor instrumento para lograr los objetivos de internacionalización de la economía, así como el aumento y diversificación de la oferta exportadora del país; en el marco de las negociaciones no hemos aceptado la imposición de límites a las ventas al territorio aduanero nacional o el establecimiento de compromisos de exportación, e igualmente hemos evidenciado el grave perjuicio que supone la pérdida de la calidad de usuario en casos de incumplimiento en los límites o umbrales propuestos en el proyecto de artículo. 

El 90% de los empresarios ubicados en zona franca son mipymes y para cumplir con los objetivos de aumento de sus exportaciones requieren de planes de internacionalización graduales, que atiendan particularidades propias de su realidad empresarial, tales como el sector al que pertenecen, el tamaño y ubicación geográfica de la respectiva zona franca.  No hay ninguna empresa en Colombia ni en el mundo que exporte por mandato de ley, esto es un proceso que requiere la conquista de mercados altamente competidos, e igualmente, contar con el concurso del Estado, lo que no puede lograrse en un año como lo establece el proyecto de reforma tributaria.

La ponencia, de aprobarse como se presentó y con la que el sector no está de acuerdo como se afirma en la exposición de motivos, también minaría el régimen de comercio exterior que caracteriza a las zonas francas en el mundo y Colombia perdería una oportunidad de oro para atraer inversiones, fortalecer la industrialización e insertarse en cadenas regionales y globales de valor. 

La propuesta descrita significa no solamente la ruptura de unas reglas que sirvieron para la toma de decisión de negocios y de inversión en el país.  Significa también un perjuicio inmenso a un aparato productivo que ha invertido más de 45 billones de pesos y que ha generado más de 147.000 empleos, de los cuales dependen las familias vinculadas a las zonas francas y las comunidades de influencia con las que se han generado cadenas empresariales y sociales.