Bogotá D.C., 28 de enero de 2025. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se pronuncia sobre el Auto 007 de 2025 emitido por la Corte Constitucional, que declara el incumplimiento general frente a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordena su reajuste para los años 2024 y 2025. Esta decisión, resultado del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, representa un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud.
La Corte, al evidenciar las deficiencias estructurales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población. Esto incluye ajustar la metodología de cálculo, reconocer los rezagos acumulados desde 2021 y avanzar hacia la equiparación de los valores de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado.
Tal como hemos señalado desde la ANDI la insuficiencia de recursos con cargo a la UPC ha acumulado un faltante cercano a los $15,5 billones entre el 2022 y el 2024. En un estudio técnico que lazamos al cierre del año pasado advertimos que, de continuar con los niveles de siniestralidad que está exhibiendo el sistema, el faltante para el 2025 podría estar alrededor de los $10 billones.
Vale la pena recalcar que esta situación de insuficiencia ha generado una crisis financiera sin precedente en el sistema. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. Los recursos son esenciales para el pago de los servicios de salud a prestadores, el pago de los salarios y honorarios de médicos y el talento humano en salud, la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. La insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias.
Por esa razón, desde la ANDI, destacamos tres puntos clave de esta decisión de la Corte:
Esta decisión no solo responde a una deuda histórica con el sector, que se ha agravado por las acciones y omisiones del gobierno nacional actual, sino que también sienta un precedente para fortalecer la gestión del sistema de salud en el futuro. La ANDI reitera su disposición para participar activamente en los espacios de trabajo que se generen, aportando al diseño de soluciones que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y, ante todo, el bienestar de los pacientes.
Por un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible.