Bogotá, abril de 2025. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI alerta sobre el crecimiento de la importación y comercialización informal e ilegal de ciclomotores en Colombia, una situación que compromete la seguridad vial y la movilidad sostenible. La situación, que pone en riesgo la seguridad de conductores, peatones y ciclistas, requiere medidas urgentes por parte de las autoridades.

La venta de ciclomotores sin el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Resolución 160 desde 2017 del Ministerio de Transporte es una práctica cada vez más común en el país. Algunos vendedores promocionan estos vehículos con información engañosa, asegurando que no requieren matrícula, SOAT o licencia de conducción, y que pueden circular libremente por ciclorutas y otros espacios no permitidos. Además, incluso se comercializan en establecimientos de comercio como droguerías, y otros, en donde no se informa adecuadamente a los consumidores de las implicaciones y normas que se deben cumplir, ni elementos de protección que se debe usar.

"Estamos presenciando un incremento alarmante de la informalidad y la ilegalidad en la comercialización y uso de ciclomotores en Colombia. Esta situación está generando serias afectaciones a la seguridad vial y al cumplimiento de la normativa de tránsito", afirma Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

Fuente: cálculos propios Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI con base en RUNT y CVN

Las cifras hablan por sí solas: mientras el registro formal de ciclomotores en el RUNT cayó un 51% entre 2022 y 2024, las importaciones de supuestas “bicicletas eléctricas” se dispararon en más de 700% solo en 2024. Este crecimiento desproporcionado sugiere un desplazamiento masivo hacia la informalidad y la ilegalidad, impulsado por la falta de controles efectivos en la importación y comercialización de estos vehículos.

¿Cómo reconocer y diferenciar un ciclomotor de una bicicleta eléctrica?

Según la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, un vehículo de dos ruedas se considera bicicleta eléctrica o bicicleta de pedaleo asistido si cumple con las siguientes cuatro características:

1. Peso máximo de 35 kg.
2. Velocidad máxima con asistencia de 25 km/h (la asistencia se suspende a esta velocidad).
3. Potencia nominal del motor no superior a 350 vatios.
4. El motor solo funciona cuando el ciclista pedalea y se desconecta al dejar de hacerlo.

Por otro lado, los ciclomotores se diferencian porque:

1. Tienen un motor de mayor potencia (de hasta 4000 vatios).
2. Pueden superar los 25 km/h de velocidad.
3. No requieren necesariamente el pedaleo para avanzar (tienen acelerador)

¿Por qué es importante esta diferenciación?

El reconocimiento correcto de estos vehículos es muy importante, pues cada tipo de vehículo tiene condiciones de cumplimiento normativo distintos. Mientras que las bicicletas eléctricas pueden circular por ciclorrutas y no requieren SOAT ni matrícula, los ciclomotores deben cumplir con requisitos similares a los de una motocicleta.

"La falta de un control efectivo impacta negativamente en la seguridad vial, ya que los usuarios de estos vehículos no están sujetos a las mismas obligaciones que otros actores viales, generando un riesgo para ellos mismos y para los demás actores en la vía", señala Iván García.

Recomendaciones

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI ha remitido a las Autoridades Competentes y entidades de control, un llamado de alerta por la grave situación de informalidad e ilegalidad en el sector de ciclomotores, y ha solicitado siete medidas urgentes para promover la formalidad y la legalidad en el sector:

1. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control.
2. Sancionar a los comercializadores que promueven la venta ilegal.
3. Aclarar la normativa vigente a los organismos de tránsito.
4. Implementar campañas de sensibilización para los consumidores.
5. Actualizar la normativa para categorizar correctamente los vehículos de dos ruedas.
6. Coordinar esfuerzos con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
7. Revisar y ajustar la normativa aplicable en Bogotá.

El reto ahora está en manos de las autoridades, quienes deben actuar rápidamente para evitar que los ciclomotores sigan proliferando sin regulación y sin garantías de seguridad para los ciudadanos.