Desde 2006, con la aprobación de la Ley 1014 de promoción al emprendimiento, hemos venido recorriendo un camino normativo que ha permitido el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento colombiano. En su momento, esta ley nos convirtió en uno de los primeros países de la región que de forma coherente estaba apostándole al fortalecimiento del ecosistema emprendedor con apuestas normativas. Esta fue quizás la puerta que daría pie a muchas de las acciones que han venido sucediendo en los últimos años y que permiten tener hoy la dinámica alrededor de los temas de emprendimiento e innovación en el país. 

Consecuentemente vinieron algunos procesos importantes, como la creación de iNNpulsa Colombia –la agencia de innovación y emprendimiento del país–, el Conpes de Desarrollo Productivo con Enfoque en Innovación o la Ley de fomento a las actividades CTI mediante la creación de empresas de base tecnología.

Sin embargo, la rápida evolución de las dinámicas empresariales –y con estas, todo lo asociado a nuevas formas de acceso a financiación, educación, digitalización y nuevas tecnologías, entre otras– evidenció la necesidad de seguir contribuyendo desde la normatividad y la actualización de la política pública para la construcción de condiciones para que el emprendimiento siga siendo un motor de crecimiento económico y competitividad para nuestro país.

En 2020, en medio de un año complejo, dos nuevos hitos en términos normativos llegaron a la agenda del ecosistema emprendedor: la Ley 2069 y el Conpes de emprendimiento. El Conpes 4011, Política Nacional de Emprendimiento, se constituye en el archivo maestro para la generación de condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedores; permitiendo la creación, la sostenibilidad y el crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos y riqueza, y al aumento en la productividad e internacionalización empresarial.

Por su parte, el proyecto de Ley de Emprendimiento (Ley 2069) tiene como ejes centrales los mecanismos de financiación, educación y desarrollo de habilidades, la simplificación de trámites y la institucionalidad, todo esto orientado principalmente a emprendimientos sociales, verdes, de mujeres, agro y rurales, con algunas disposiciones específicas para el emprendimiento dinámico y de alto impacto.

El reto frente a la reglamentación de dichos instrumentos de política pública se hace relevante ahora para el proceso de consolidación de estas iniciativas en mecanismos reales de apoyo al emprendimiento. Estas normativas dejan sobre la mesa retos importantes y aún desatendidos, asociados al desarrollo del emprendimiento dinámico, innovador, escalable y de alto impacto, como son las necesidades latentes en internacionalización, el acceso a nuevos mercados, el acceso a talento, la profundización de los esquemas de financiación y el acceso a mecanismos para el desarrollo de la innovación, la atracción de inversión y los mecanismos de articulación, por solo nombrar algunos.

Las dinámicas del emprendimiento dinámico e innovador mostradas como startups se han convertido en las grandes empresas de la escena global, transformándose en dinamizadoras de la economía moderna. Por eso la invitación que hacemos es seguir trabajando de manera articulada como ecosistema para que los esfuerzos de modernización y fortalecimiento de la normatividad en emprendimiento e innovación sean abordados con ojos futuristas, permitiendo así el crecimiento y fortalecimiento de aquellas empresas que traerán transformación, bienestar y desarrollo para nuestro país.