Una historia nunca confirmada cuenta que cuando Víctor Hugo leyó la muy libertaria   Constitución   colombiana   de 1863, exclamó que no parecía haber sido escrita para un país de humanos, sino de ángeles. A la propuesta de reforma a la salud podría aplicársele una anécdota similar. En este caso, el escritor exclamaría que la iniciativa no parece redactada para un país de medianos ingresos, sino para un principado europeo o un emirato árabe... y de ángeles. Aunque aún no hay un proyecto oficial, los fundamentos de la propuesta sí han sido expresa-dos en eventos y consignados en un documento redactado por altos funcionarios. Allí puede leerse que el nuevo sistema será “público, descentralizado, con atención de los servicios de salud a cargo de entidades públicas, mixtas y privadas” y sin “intermediación ni administración privada”. En otras palabras, el modelo propuesto establece una prelación de los hospitales públicos sobre los privados y el destierro de las entidades promotoras de salud (EPS). En ese sistema, por tanto, el Estado sería el pagador directo de los servicios prestados. Así, sin fricciones.

¿Pero, en efecto, son las EPS esas meras intermediarias que no aportan valor? Claramente, no. Cualquiera que sea la reforma, algún actor tendrá que cumplir las funciones de aseguramiento que las leyes han dado a estas entidades. Entre otras, contratar la prestación de servicios con hospitales y centros de diagnóstico; acompañar y representar a los ciudadanos en su itinerario por esa red de instituciones; velar por la salud de ellos y por el uso racional de los recursos; y pagar por las atenciones, al margen de su precio y de si los pacientes tienen recursos financieros o carecen de ellos. Nada de eso es intermediación; es gestión. Y esa gestión es la que ha hecho posible que las EPS se conviertan en un vehículo para la materialización del derecho a la salud. Con un gasto per cápita en salud bajo con respecto a los países desarrollados (cuatro veces menos que el promedio de la OCDE), el sistema colombiano ha logrado dar a las personas tratamientos para cualquier enfermedad y a cualquier costo sin afectar el bolsillo de los hogares.El sector salud es el que más ha evitado el aumento de la pobreza en Colombia. Desconocer el papel central de las EPS en ese logro es un desafío a la evidencia.

Indiscutiblemente, el sistema debe seguir mejorando. Debe deshacerse de las empresas que han minado la confianza en él, llegar a zonas apartadas, acortar tiempos de espera, velar más por la prevención de las enfermedades, fortalecer los hospitales públicos, mejorar las condiciones y capacidades de los trabajadores de la salud, humanizarse... Pero eso implica acciones sobre todos los agentes, no la eliminación de uno solo. Si los colombianos están de acuerdo con que una parte de sus impuestos y sus cotizaciones a la seguridad social sean administrados por unas entidades públicas sujetas al vaivén de la política y con frecuencia indolentes ante el desperdicio de recursos, pues bienvenida la reforma. Un sistema sin EPS es posible.

Muchos países no tienen este tipo de entidades, es cierto. Pero rara vez logran tanto con los mismos o más recursos. Ahora bien, si se optara por tomar la senda del desmonte de los aseguradores, primero habría que buscar nuevas fuentes de financiación, desarrollar capacidades institucionales y fortalecer las competencias técnicas y éticas de una parte del sector público. Y no menos importante será confiar en que las enfermedades no se agraven mientras la nueva institucionalidad asciende por una curva de aprendizaje que, bien se sabe, es bastante pronunciada. Un desafío digno de ángeles.